INFORMACIÓN GENERAL


LA CENTRAL ABORDARÁ EL TEMA PERO CON FUERTES CRÍTICAS
HACIA EL PROYECTO DE BAJA DE EDAD DE IMPUTABILIAD
Pit-Cnt criticará inseguridad
sin cuestionar al gobierno

El problema de la inseguridad pública será uno de los puntos centrales en el acto del 1º de Mayo que celebrará mañana el Pit-Cnt. En un escenario de conquistas laborales y salariales consolidadas, la central dará una señal de respaldo al gobierno y enfocará sus críticas contra la baja de edad de imputabilidad que se impulsa desde sectores de la oposición.

 

 

 
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Será el octavo acto desde la asunción del gobierno del Frente Amplio (FA) y el tercero en lo que va de la administración de José Mujica. La lectura de la proclama es por tradición una referencia que marca el rumbo de la central y un termómetro que mide los aciertos y desaciertos de la política de gobierno a juicio de los trabajadores.

Este año, el discurso en la plaza Mártires de Chicago no se extenderá más de una hora y tendrá a la vivienda, la salud, la educación y la seguridad pública como ejes principales. Este punto poco común en los actos del Pit-Cnt se abordará desde la perspectiva de “cómo mermar la inseguridad sin recurrir a métodos regresivos”. Además constituirá una expresión de fuerte rechazo a la iniciativa que impulsa el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, con apoyo de sectores del Partido Nacional para plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad. A juicio del Pit-Cnt, las soluciones se deben buscar por medio de políticas enfocadas a que los delincuentes no reincidan y no a través de la represión.

Desde 2005 la línea reivindicativa pasó por una variedad de enfoques, al igual que el tono de los cuestionamientos al gobierno. Ese año no fue excepción y como pasa cada vez que asume un nuevo presidente, la tónica del discurso dejó en claro cómo se plantaría la central para el resto del quinquenio. Ese año se cuestionaron diversos aspectos de la política económica, pero se reconoció que existía un “marco esperanzador” porque “apenas” iban “dos meses de gestión” del presidente Tabaré Vázquez. Ese día la proclama criticó la posición del Poder Ejecutivo en temas como la reforma del agua, la seguridad social y la oposición a la instalación de la planta de celulosa en Fray Bentos.

Un año después, el reclamo porque se incrementaran los puestos de trabajo y la necesidad de recuperar el salario real perdido desde 2002 fueron los ejes de la proclama. El 2007 fue el año de los primeros elogios para el gobierno del Frente Amplio (FA), cuando se destacó a los consejos de salarios, la ley de fuero sindical y el plan de emergencia destinado a la población más necesitada como los logros de importancia, al tiempo que se reclamó por más presupuesto para la educación. Este punto se reiteró en 2008, pero las críticas más duras fueron para las cámaras empresariales, a las que se calificó como el “principal partido opositor” del gobierno. En paralelo se solicitó la aprobación de la nueva ley de negociación colectiva para los sectores público y privado que era impulsada por el gobierno. En 2009 si bien se esperaba que se resaltaran los logros de Tabaré Vázquez en temas de política laboral, a pocos meses de culminar su mandato, las críticas se concentraron en la política de vivienda y la falta de concreciones en ese sentido.

Luego, en 2010 y a pocos meses de asumir el presidente Mujica, el desarrollo productivo y la formación profesional para poder responder a la demanda de mano de obra calificada, junto al reclamo para que se anulara la Ley de Caducidad fueron los puntos centrales de la proclama. Un año después y con la presencia a pleno del gobierno, la línea del discurso apoyó lo actuado hasta ese momento y respaldó el aumento del mínimo no imponible del Irpf. “Ya sabemos lo que nos costó, lo que padecimos, y no queremos el retroceso. Empujamos, nos movilizamos, queremos empujar el carro para adelante”, afirmó el coordinador Juan Castillo en esa oportunidad. 

Cuentas pendientes

Si bien desde el sindicalismo se constatan múltiples avances, aún quedan muchas metas trazadas, como el aumento de los salarios mínimos, mayor distribución de la riqueza y vivienda para miles de trabajadores. En el marco del Plan de Vivienda Sindical (PVS), surgido a finales de 2010, se organizaron alrededor de 300 cooperativas para acceder a una vivienda -integradas por cerca de 50 familias cada una-, aunque la mayoría presenta dificultades con la reglamentación vigente. En tanto, Edgardo Oyenart señaló que con las leyes laborales aprobadas “se inició un proceso de transformación en el ámbito de la legislación vigente”, aunque para el dirigente no alcanza con la validación legal y se debe “dar batalla” para que se respeten.

 
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