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La opinión pública asistió con estupor el lunes pasado a los incidentes ocurridos en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Allí, un grupo de personas pertenecientes al Suatt, sindicato que reúne a los choferes de vehículos con taxímetro, arremetieron a patada limpia contra la puerta del director de Trabajo, Julio Baráibar, tras haber ocupado por algunas horas la sede de dicha secretaría de Estado.

A renglón siguiente, la opinión pública también presenció la inmediata reacción de los principales dirigentes del MPP, en particular del senador José Mujica y de Julio Marenales, quienes rechazaron enfáticamente lo acontecido y se hicieron presentes en el Ministerio para dar su apoyo a Baráibar y al ministro Eduardo Bonomi.

Y tras cartón, la opinión pública se enteró de que el Ministerio había suspendido las negociaciones que venían desarrollándose en el marco de los Consejos de Salarios, para decretar un aumento que sobrepasó las expectativas de los trabajadores, provocando el rechazo de la patronal de taxis, la que ahora aduce que con lo laudado se establece la inviabilidad económica del sector. Y también se enteró de que la Justicia no actuaría de oficio ante un hecho de semejante violencia, y que Bonomi y su entorno estudiaba presentar o no la denuncia contra los protagonistas del insuceso.

A esa secuencia resulta obligatorio referirse brevemente. En primer lugar, para sostener que nos resulta inadmisible que el ministro no realice la denuncia penal y que igualmente inadmisible nos resulta el decreto que parecería ser el producto de unos cuantos patoteros, los mismos que destrozaron un despacho cuya reparación deberemos pagar todos los uruguayos.

Y en segundo término, si bien es obvio que acompañamos la censura del senador Mujica y otros dirigentes tupamaros, creemos firmemente que la existencia de esos bolsones fundamentalistas no es otra cosa que el resultado de una estrategia que la izquierda instruyó en los sindicatos desde hace muchísimas décadas.

Del mismo modo ocurría con el conflicto que desde hacía 6 años llevaba adelante Adeom, y que provocó quejas de las autoridades frenteamplistas de la Intendencia capitalina.

Que nadie se llame a engaño de que estos hoy tildados "radicales" no son otra cosa que hijos de una misma placenta. Hoy, como siempre, es la población la que debe padecer esos excesos. Está bien que alguien se haga cargo de ellos públicamente. Pero lo debería recordar todos los días.