Lamentable liberación de
menor responsable de muertes

Cambiar tamaño El martes la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó un informe a la jueza de Salto Anabella Gatto para que explique su proceder, luego de que se conociera que el menor que en enero provocó el incendio de una vivienda y la muerte de una mujer de 25 años y de su bebé de tres meses, que se encontraban adentro, fue liberado de su reclusión en el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau). El pasado 7 de enero Gatto había ordenado la prisión preventiva del joven que incendió la precaria vivienda del barrio Horacio Quiroga, a quien le imputó el delito de "incendio especialmente agravado". El joven fue liberado como consecuencia de que su defensa apeló el fallo de la jueza, pero Gatto entendió que las actuaciones debían suspenderse para que el caso fuera derivado y estudiado por el Tribunal de Apelaciones. Esto llevó a que se vencieran los 90 días de prisión preventiva y al no haber aún una resolución del Tribunal, el menor recuperó su libertad. El joven puede volver a estar recluido por los delitos cometidos, ya que la sentencia que se le aplicó aún no está firme y puede ser modificada porque no terminó el proceso infraccional, en el cual se investiga a fondo para determinar la responsabilidad del adolescente y luego emitir una sentencia firme. Allí se puede llegar a imputar hasta cinco años, según el máximo de tiempo establecido por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Más allá de este caso -en el que es poco entendible que la magistrada haya imputado al menor el delito de incendio y no el de homicidio-, lo cierto es que la sociedad uruguaya se pregunta hasta cuándo se puede seguir tolerando que los delincuentes menores de edad sigan derramando violencia y segando vidas mientras el sistema los deja en libertad en poco tiempo. ¿Hasta cuándo se seguirá creyendo a nivel legislativo y a nivel de la Justicia que el amparo a los delincuentes menores de edad es más importante que salvar la vida, la integridad y los bienes de la gente honrada? ¿Será la sociedad uruguaya completamente incapaz de poner fin a estos desbordes? Estas columnas han insistido, ya en numerosas oportunidades, en que el tema debe estar entre las primeras preocupaciones de las autoridades, pero no solo para movilizar o responsabilizar a la Policía, sino para hacer ya mismo todo lo que debe hacerse para terminar con este flagelo. Y eso implica medidas legislativas que, entre otras cosas, liquiden la prohibición del Código del Niño en cuanto a la recopilación y mantenimiento de los antecedentes de los menores que cometen delitos graves. Por robar una manzana está muy bien que se borren los antecedentes. Pero por homicidio o rapiña, es un error inexcusable. Si todo sigue como está, y hay jueces que no toman en serio este severo flagelo, habrá que lamentar la muerte de más uruguayos honrados.