Pensar en una solución para menores delincuentes

Cambiar tamaño Los promotores de la rebaja en la edad de imputabilidad de los menores entregaron el martes pasado al presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, las 367.609 firmas recolectadas para promover un plebiscito en torno al asunto. Luego, las firmas fueron enviadas a la Corte Electoral, la que deberá certificar que por lo menos 256.000 son válidas para habilitar en 2014 un plebiscito para reformar la Constitución en ese espinoso asunto. Los promotores de la iniciativa aspiran a que no se deba esperar a 2014 para analizar la iniciativa, sino que ella se considere a través de un proyecto de ley. Sin embargo, en el partido de gobierno no hay consenso para aceptar este planteo ya que se estima que la inseguridad no se soluciona con este tipo de medidas porque, a su juicio, la penalización de los adolescentes generará el efecto contrario. En filas frenteamplistas se entiende que son más importantes los logros conseguidos en materia de seguridad y han hecho hincapié en que dos de los pilares de la iniciativa ya fueron solucionados: la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que desde hace un año funciona progresivamente, y el registro de los antecedentes criminales de menores. Estas columnas han ya insistido que el tema de la minoridad infractora debe de estar entre las primeras preocupaciones de las autoridades, pero no solo para movilizar o responsabilizar a la Policía, sino para hacer ya mismo todo lo que debe hacerse para terminar con este flagelo. Entre otras cosas habría que pensar en constituir un instituto de recuperación bien concebido y eficaz, hermético a las fugas y dotado de medios para enseñar oficios y formar en valores. Esa es la única carta que tiene la sociedad para defenderse a sí misma e incluso albergar la esperanza de que alguno de estos jóvenes se recupere. Y es el único camino por el que se podría hacer innecesaria la rebaja de la edad de imputabilidad penal, bastando entonces solamente algunas normas que amplíen la capacidad de los magistrados para aplicar medidas de seguridad. Es probable que le asista la razón a las casi 370.000 personas que firmaron por bajar la edad de imputabilidad, pero los esfuerzos de la sociedad en su conjunto de ninguna manera pueden quedarse en eso porque es muy rico el patrimonio humano que está en juego, ya que son miles los jóvenes que Uruguay estará perdiendo si su postura se limita a las acciones represivas. También es necesario cortar los circuitos que alimentan a estos jóvenes delincuentes y pensar en cómo reconvertirlos en personas productivas para la sociedad. Entretanto, el del mantenimiento de los antecedentes penales es un paso a favor del fin de la impunidad de los menores. Pero lo importante es recuperarlos para que algún día se conviertan en ciudadanos de bien.