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México: el drama de desaparecidos
por la guerra de drogas
| OPINIÓN | Marcos Romero - Agencia Ansa |
El drama de los desaparecidos, que marcó toda una época durante la ola represiva gubernamental de los aciagos años 70 y 80 contra incipientes grupos armados, parecía haber quedado atrás para siempre, como un mal sueño, pero 40 años después resurge en proporciones aún mayores. Esta vez, sin embargo, no se le atribuye sólo al Estado por los "efectos colaterales" de la lucha anticrimen en curso, por cuanto se ha vuelto compleja. Ahora su origen se halla también en las redes de trata de personas y en los grupos armados que trafican con drogas, secuestran y extorsionan.
Las cifras igualmente marcan una distinción pues mientras los desaparecidos por lo que la prensa llamó la "guerra sucia mexicana" fueron apenas unas 536 personas, según la organización Eureka, que agrupa a sus familiares, liderada por la activista Rosario Ibarra, las desapariciones actuales se cuentan por miles.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (Cndh), organismo autónomo del Estado, se contabilizan 5.397 desaparecidos -un tercio de ellos mujeres- a causa de la lucha anticrimen lanzada por el presidente Felipe Calderón hace más de 5 años con apoyo de las Fuerzas Armadas, que ha arrojado más de 60.000 muertos. Organismos civiles independientes calculan que la cifra podría elevarse hasta los 10.000, pero no se especifica cuántos se atribuyen al Estado y por tanto pueden caracterizarse como "desapariciones forzadas", y cuántos a cárteles de la droga o bandas de tratantes. Los testimonios que documentan este drama se agolpan cotidianamente en las páginas de la prensa. Por ejemplo, el 23 de enero pasado, la ONG Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos reportó 800 casos de desaparición sólo en el estado norteño de Nuevo León, la mayoría no reportados, desde 2011, un 35% de los cuales involucran a la Policía, la Marina o el Ejército y un 65% a la delincuencia.
En el caso de las desapariciones provocadas por las redes de trata, que se enfocan en las mujeres y los niños, sólo entre el 1° de enero del 2011 y el 13 de febrero del 2012, en la capital mexicana desaparecieron 1.872 niñas entre 10 y 17 años. "Es un tema de mucha preocupación que hemos detectado. Tiene grandes vertientes sobre lo que puede estar sucediendo: la trata de personas, cualquier forma de explotación sexual, adopciones ilegales, pornografía infantil, prostitución, turismo sexual", dijo Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe.
Según fuentes oficiales en la capital, cada 5 horas, una familia pierde en las calles del DF "a una hija o una hermana, sin saber si algún día la volverán a ver", mientras en el vecino estado de México, el más poblado del país, se reportaron oficialmente 570 desapariciones de mujeres en 2011.
La organización humanitaria Amnistía Internacional lanzó el pasado jueves un llamado al gobierno de México para especificar las medidas que tomará para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias sobre México presentadas el martes previo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). El documento puso el dedo sobre "las terribles dimensiones de esta grave violación a los derechos humanos en México y la carencia de una política por parte de las autoridades para prevenirla y sancionarla.
Amnistía hizo notar que el gobierno no ha investigado hasta ahora "de forma debida para esclarecer los hechos, lo que ha obstaculizado determinar la posible participación de funcionarios del Estado", lo cual legalmente "determinaría que se trata de una desaparición forzada y por lo tanto de un crimen de Estado".
El gobierno señaló ayer que ha realizado "grandes esfuerzos institucionales para combatir las desapariciones forzadas y busca fortalecer los mecanismos de cooperación para contrarrestar a la delincuencia organizada". Los ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, en un comunicado conjunto, dijeron que "se han realizado importantes esfuerzos de profesionalización, capacitación y modernización de los cuerpos de seguridad".
Pero a juicio de Amnistía, la impunidad que "siguen gozando" los responsables por las desapariciones forzadas sistemáticas de los años 70 y 80 y la falta de acceso a la justicia son factores que han hecho "que la desaparición vuelva a ser un patrón recurrente en el actual contexto de violencia".
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