Policía: huelga ilegal pero con una
plataforma que es necesario atender

Cambiar tamaño No pueden caber dudas de que una huelga policial es ilegal. Así lo señalan hasta los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que no vacilan en reconocer la esencialidad de los servicios policiales. De allí que se pueda subrayar con satisfacción que una oportuna intervención de último momento permitió prevenir el estallido, ayer, de una medida de impredecibles consecuencias. Pero persiste la inquietud en ámbitos policiales y la huelga policial sigue siendo un fantasma que amenaza a toda la sociedad. La reflexión no queda completa sin establecer también que las demandas de estos funcionarios que no pueden declararse en huelga son en muchos casos fundadas, y debieran atenderse hasta donde lo permitan los dineros públicos. Gestiones de último momento pusieron al país provisoriamente a salvo de una huelga policial, a la vez penoso agravio contra la ya tan maltrecha seguridad pública y un antecedente nefasto para la convivencia en un Estado de Derecho. La información que ayer brindó Ultimas Noticias sobre el tema es exhaustiva. Y señala que, afortunadamente esta vez, el Pit-Cnt cumplió un rol relevante para prevenir un desborde que traería consecuencias muy negativas para toda la sociedad, que aún en el mejor de los casos quedaría atrapada en una situación de alarma pública con muy pocos antecedentes. Los policías son un caso especialísimo entre todos los trabajadores. Son los únicos funcionarios civiles del Estado autorizados a portar un arma de fuego. Que debe estar disponible en todo momento para la defensa de la sociedad. Esta realidad tiene como contrapartida que se les aplique una excepción al derecho de huelga, que no rige en ese caso especial. Así lo reconocen las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que son terminantes en cuanto a la esencialidad de los servicios policiales. Punto de vista del que también participan aquí todas las corrientes partidarias representadas en el Parlamento, lo que quedó recientemente en evidencia en la comisión multipartidaria que analiza los temas de seguridad. Como todos los derechos, el de huelga tiene límites establecidos por el interés público reconocido en una Ley. Así como la legítima defensa es un instituto que en definitiva condiciona el derecho a la vida o a la integridad, la huelga puede ser ilegal en algunas ocasiones, una de las cuales es la que nos ocupa. Otra es, por ejemplo, el delito de omisión de asistencia, que limita el derecho de huelga en el caso de los trabajadores de la salud. La ley no priva a los policías de otros modos de manifestar su descontento con circunstancias laborales que se consideran injustas. Pero de modo alguno pueden dejar a la sociedad entera a merced de cualquier contingencia delictiva. Esto es particularmente cierto en circunstancias en que en el país se sigue percibiendo una situación que se valora como muy comprometida en materia de seguridad, lo que agiganta la alarma pública que puede provocar una omisión de los encargados de combatir el delito. Pero esto no es lo esencial, porque las normas son claras en cuanto a la ilegalidad de la adopción de una medida de esta naturaleza por la policía, sean cuales sean las condiciones de seguridad imperantes. A la vez, es necesario que cualquier reflexión sobre el tema también reconozca que buena parte de las reivindicaciones policiales tienen fundamento y deben ser atendidas hasta donde puedan permitirlo los dineros públicos. No es secreto para nadie en Uruguay que los policías están mal pagos. Y que los mecanismos que se han generado para tratar de redondear un mejor ingreso suponen un inhumano compromiso horario, con turnos que dejan apenas unas pocas horas para dormir, ni qué hablar de ocuparse de la familia. Circunstancia muy indeseable en lo humano y hasta insostenible en lo profesional: para perseguir delincuentes o manejar un arma se necesita gente despierta y descansada. El gobierno ha sido enfático en cuanto a su propósito de otorgar a los policías mejores niveles de retribución y facilitar otras mejoras que pueden repercutir favorablemente en el nivel de vida de los funcionarios, como las que se brinden para darles acceso a una vivienda digna. El escenario de tales mejoras debe ser el presupuesto quinquenal que el gobierno debe remitir al parlamento el mes próximo. De allí que las gremiales policiales deban actuar con prudencia y permanecer atentas al trámite presupuestal, exponiendo razones y no amenazando con una huelga ilegal y peligrosísima para toda la sociedad. También cabe señalar, como adecuadamente advierte la crónica recogida ayer por este diario, que el tema no quedó saldado con las reuniones que en la antevíspera mantuvieron el Pit-Cnt con autoridades policiales y dirigentes del sindicato. El conflicto está pendiente y sigue siendo una amenaza para la sociedad. Ha hecho bien el gobierno en anunciar de antemano que ya está listo el decreto que declara esenciales los servicios policiales. Que entraría en vigencia inmediatamente después de una ilegal declaración de huelga. Pero lo deseable para todos es que se logren acuerdos. Para que los policías puedan desempeñar su labor con mayor tranquilidad para ellos y sus familias, para que se acoten los horarios inhumanos, para que sean policías despiertos los que ocupan la primera línea en la defensa de la sociedad contra la delincuencia. Y para que las amenaza de una huelga ilegal no vuelva a poblar de fantasmas la vida cotidiana de los integrantes de la sociedad uruguaya.