El bloqueo político argentino es
un ejemplo que no debe imitarse

Cambiar tamaño Las sonrisas que Cristina Kirchner y su esposo derramaron en la Plaza Independencia, asistiendo bajo un sol impiadoso al tramo final de la investidura de José Mujica como presidente uruguayo, muy bien pueden encontrar su motivo en la segura frustración y la bronca de los opositores parlamentarios que apenas minutos antes habían escuchado, en el Congreso argentino, el discurso inaugural de la mandataria visitante. Pero en realidad se trató de un ejemplo muy expresivo de la adopción, al parecer definitiva, de una política en la cual se descarta el diálogo político. No es una buena cosa y merece un prolijo análisis. La realidad política argentina de las últimas semanas se está convirtiendo en una suerte de lección magistral sobre los extremos que puede alcanzar el bloqueo político, a partir de actitudes que hacen imposible cualquier diálogo entre las distintas tendencias de opinión. Peor aún, todo augura que ese escenario no tardará mucho en convertirse también en un ejemplo del tremendo daño que una situación así puede causarle a la economía y a la convivencia democrática de un país. En la antevíspera, antes de su breve escala en Montevideo para asistir solo parcialmente a los actos de transmisión del mando, la presidenta Cristina Kirchner se hizo presente en el Congreso para decir su discurso en la sesión en la que se instalaban los legisladores surgidos de la última elección. Esto es, la que dejó a la Casa Rosada sin el dócil respaldo parlamentario con que había contado, en sus dos instancias, la administración Kirchner. En esa ocasión la presidenta asombró a la oposición y a los observadores periodísticos anunciando, nada menos que en el acto formal de apertura de las sesiones ordinarias, y frente a los legisladores, su propósito de desconocer al Congreso en el crucial tema del uso de las reservas del Banco Central para atender compromisos internacionales. El tema se arrastra desde la rebelión de Martín Redrado, presidente de la autoridad monetaria argentina que no aceptó afectar las reservas al pago de la deuda y fue alejado de su cargo luego de vaivenes y decisiones judiciales. La presidenta había intentado zanjar entonces sus problemas económicos con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ponía los dineros a disposición del gobierno bajo el ostentoso título de "Fondo del Bicentenario". La polvareda levantada por el tema entre la oposición y las medidas judiciales que se interpusieron, capaces de bloquear la creación del fondo por un decreto, parecieron poner al gobierno en la necesidad de buscar una solución legislativa de consenso. Los diarios argentinos del fin de semana hablaban de la expectativa de que el "Fondo del Bicentenario" finalmente se tramitara como una ley y de la factibilidad de que se obtuvieran los votos necesarios para darle al proyecto un trámite razonablemente ágil. Nada de esto fue desmentido desde Balcarce 50 y los opositores asistieron a la sesión inaugural convencidos de que finalmente tendrían voz y voto en el espinoso tema del empleo de las reservas. Ya incluso se especulaba con un toma y daca en que desde las bancas legislativas se impusiera al Ejecutivo una participación de las provincias en la operación de saqueo del Banco Central, algo que en el principista entorno político argentino habría seguramente lubricado el trámite del proyecto. La sorpresa fue que al promediar su discurso la presidenta anunció, para breve satisfacción de quienes esperaban la apertura de un diálogo sobre el tema, que había dispuesto la derogación del "Fondo del Bicentenario", en los hechos ya bloqueado por decisiones judiciales promovidas por la oposición. A renglón seguido la mandataria criticó duramente la "judicialización de la política" en relación a las acciones que habían impedido la transferencia de reservas previstas en el decreto original, pero la gran sorpresa llegó con el anuncio de dos decretos, uno simple, que permite pagar a los organismos internacionales, y otro DNU, que afecta 4.187 millones de dólares de las reservas para pagar a acreedores privados. El Congreso podría tener el consuelo de que a la vez se estaba creando una comisión bicameral para analizar ex post facto la aplicación de esos dineros. Quizá algún legislador metabolizó el discurso presidencial pensando en promover contra el nuevo decreto los mismos recursos judiciales que ya habían impedido que el "Fondo del Bicentenario" tuviera efectos. La decepción fue enterarse que la disposición había sido tempranamente enviada al Banco Central, cuya nueva presidenta -Mercedes Marcó del Pont- resultó más afecta que Redrado a las instrucciones de Cristina Fernández y de una eficacia portentosa, porque los dineros ya se habían volcado a cuentas federales. Se pudo bloquear la salida, pero parece imposible imponer el retorno. Mientras que la comisión bicameral anunciada no podrá más que sentar su discrepancia sobre hechos consumados. La leche ya se derramó. El episodio señala sin dudas un colmo en las relaciones entre el gobierno con la oposición y con el Parlamento. Se engatusó a los legisladores con trascendidos mediáticos según los cuales el famoso "Fondo del Bicentenario" sería tramitado en las Cámaras. Y luego se enteraron que un nuevo decreto concretaba el zarpazo contra las reservas y que el mismo había sido ya aplicado con excepcional velocidad por el nuevo directorio del Banco Central. Así, la criticada "judicialización de la política" aparecía como la única posible opción de los opositores, impedidos siquiera de dar opinión sobre el tema de fondo. Pero es bien distinto operar judicialmente bloqueando una disposición que aún no se aplicó que intentar por el mismo camino revertir sus efectos. ¿Qué sucederá si un juez, o un tribunal con algún grado de independencia de los úkases del Ejecutivo demanda la devolución de los fondos? Se trata de un desafiante asunto para la especulación política. Se podría decir que los antecedentes kirchnerianos no permiten albergar muchas esperanzas de que el dinero vuelva: siempre habrá apelaciones y chicanas, si no alguna medida más reñida con la convivencia democrática. No es posible establecer un diálogo positivo sin algún grado de confianza en lo que dice la contraparte. En Argentina esa confianza ya no puede sobrevivir. Y es una muy mala noticia para quienes desearían ver que prosperidad y justicia se derraman sobre el país vecino.