Mejorar la eficiencia del Estado
derramará beneficios para todos

Cambiar tamaño El tema de la reforma del Estado aparece entre los principales desafíos en la agenda de las primeras actuaciones de la nueva administración. Y se justifica, porque un Estado caro y pesado en su accionar es una rémora para cualquier proyecto de país productivo y un gran obstáculo para la aspiración de multiplicar los empleos y reforzar la capacidad exportadora. Las primeras reuniones gubernamentales sobre el tema han planteado algunos aspectos de importancia, como las modalidades de ingreso. Y el presidente ha sido enfático en varios de sus últimos mensajes al señalar que el tema también tiene una dimensión ética, vinculada a la necesidad de que los funcionarios adquieran plena conciencia de su rol de servidores de la sociedad. Pero el desafío es muy grande. En las primeras jornadas de la nueva administración, el tema que se ha ubicado con más relieve en la atención periodística es a la vez uno de los más espinosos de los que el recién instalado presidente colocó en la agenda de su gobierno: la reforma del Estado. Se trata de una cuestión especialmente difícil. Cualquier cambio, para ser efectivo, tendría que afirmarse en un grado importante de consenso entre los mismos funcionarios que, en una medida más que sustantiva, son los verdaderos protagonistas de la acción del Estado. Un consenso que, aun para un líder de opinión y gran comunicador, será todo un desafío alcanzar. Los ministros y las administraciones van y vienen. Lo permanente son los llamados funcionarios de carrera, que tienen intereses comunes y los hacen valer, muchas veces en detrimento de lo que serían los verdaderos intereses de la sociedad que los sostiene. Estos funcionarios, por otra parte, tienen un incuestionable peso político. Y no solamente en una administración como la del Frente Amplio, que cuenta con estrechos lazos con los dirigentes de las asociaciones gremiales que representan a los trabajadores públicos. Ello explica -y no es de ahora- que disfruten de un estatuto completamente privilegiado, si se los compara con los trabajadores privados. Algo que también incluye una diferencia salarial importante, especialmente entre los cargos bajos de uno y otro escalafones. En clave de humor, sobre este tema hay un libro muy recomendable y una serial de televisión inglesa que sería muy aleccionador exhibir aquí. Nos referimos a "Sí, ministro", obra original de Jonathan Lynn y Antony Jay, en la que resulta claro que ni siquiera la centenaria democracia inglesa está hoy a salvo de la persistencia, aun en oposición a la voluntad de las autoridades políticas, de los intereses propios del estamento funcionarial. En Uruguay, con una cultura funcional más joven, el desafío adquiere dimensiones épicas. Cierto es que el presidente Mujica ha hablado de una dimensión ética en la reforma propuesta. En el Ministerio de Ganadería dijo en la antevíspera que la reforma del Estado "es una reforma técnica, pero también es una transformación ética: el proceso comienza con nosotros mismos. No hay reforma posible si la gente que posee quince años de experiencia en su labor no se replantea su trabajo". En el acto de relevo ministerial en el Mides, sostuvo que "todos somos trabajadores públicos y por tanto tenemos una responsabilidad social; debemos demostrar que se puede trabajar distinto". Dijo además -en el Ministerio de Turismo- que "ser un servidor público nos convierte en un trabajador para la gente". Esta dimensión ética del desafío de hacer más eficiente el Estado no requiere un nuevo ordenamiento legal. Es sin dudas bienvenida la apelación del presidente. Y hasta se puede confiar en que sus palabras puedan contribuir a que algunos funcionarios adquieran una conciencia más clara de su rol y de la necesidad de prodigarse al servicio de la sociedad. No obstante, muchas de las falencias actuales de la administración -tanto central como descentralizada- no van a resolverse solamente con inyecciones de realidad y baños de motivación. De allí que la reforma del Estado aparezca como una tarea que va a requerir diagnósticos, que va a exigir el diseño de alternativas, que va a imponer la necesidad de alcanzar amplios consensos no sólo en el espacio político sino también entre los funcionarios públicos y en toda la sociedad. Algo que debe implementarse lo antes posible y va a plantear desafíos y polémicas. Ya el prudente anuncio del presidente en cuanto a que no se promoverá el ingreso de nuevos funcionarios plantea la necesidad de una racionalización que tome de donde sobran y coloque en donde hagan falta. Bajo el rótulo de reforma del Estado pueden colocarse muchos contenidos y muchos significados. Puede hablarse, por ejemplo, de traer experiencias extranjeras muy exitosas -como la de Nueva Zelanda- pero que significaron la aquí inviable privatización de prácticamente todas las oficinas y empresas públicas. Lo que es incuestionable es que toda la sociedad espera y necesita un Estado más eficiente, que imponga menores costos, en el que no existan injusticias salariales del calibre de las que hoy campean, con porteros ganando varias veces lo que un maestro o un policía, en el que corregir la inconducta de un funcionario sea un procedimiento expeditivo, en el que los funcionarios públicos sean servidores públicos y jamás privilegiados parásitos del esfuerzo de mucha gente que recibe por su trabajo beneficios mucho menores. La ineficiencia del Estado afecta a toda la sociedad; no es meramente una rémora para las empresas. Un ineficiente y elevado costo del Estado disminuye las posibilidades de bienestar para todos, resta competitividad y cercena la posibilidad de colocar en el exterior trabajo nacional. Quita, en definitiva, puestos de trabajo y oportunidades para la prosperidad de todos. De allí que el tema sea crucial y exija que los esfuerzos del gobierno cuajen en soluciones ampliamente compartidas.