Una pregunta pertinente como
simiente de la reforma estatal

Cambiar tamaño La filosofía clásica le atribuye a Sócrates un procedimiento de debate y de enseñanza basado en formular una pregunta capaz de propiciar la reflexión más profunda. El método recibió el nombre de mayéutica. Y en la antevíspera, según surge de los informes periodísticos, se sumó a los muchos recursos dialécticos que emplea José Mujica, esta vez para plantear la oportunidad de una gran revisión de las normas y actitudes que le dan a la gestión estatal el baldón de la ineficiencia. Conviene entonces acompañar la reflexión que plantea el presidente electo en el principio de lo que puede ser un esfuerzo ímprobo y más que necesario para cambiarle el rostro a la administración. En las últimas horas el presidente electo le ha propuesto al país una reflexión especialmente oportuna sobre la gestión del Estado y sus limitaciones. Apelando esta vez a un estilo socrático, José Mujica condensó en preguntas pertinentes su invitación a un debate que el país tiene por delante y que es esencial para abrir mejores caminos hacia el futuro. Luego de consagrar muchas horas a las reuniones de su equipo económico con una delegación del Banco Mundial, el presidente electo señaló que en torno al aparato del Estado y a las empresas públicas crecía gran cantidad de “empresas públicas de derecho privado”, casi siempre testimonio de la necesidad de esquivar el pesado corsé que la legislación le impone toda vez que surge un trabajo desafiante o que debe realizarse en el marco de una competencia abierta. El enunciado de la pregunta mayéutica del mandatario electo, según sus propias palabras, es el siguiente: “Es como si tuviéramos un Estado que tiene dificultades para funcionar y tendiéramos a crear otro al costado que se mueve con otra matriz de carácter jurídico. ¿Será bueno el camino que estamos llevando o será mejor reformar el derecho público? Esa es la pregunta planteada ante toda la ciudadanía y puede verse como la semilla de un grande y necesario debate en torno a una verdadera reforma del Estado. Para buena parte de los uruguayos, es también la esperanza de que finalmente una administración consiga despojar al aparato estatal de todos los contrapesos que hoy determinan una gestión precaria y también de esas rémoras que hoy ponen tan severamente en duda el buen desempeño y la productividad de tantos trabajadores estatales, que por lo demás tienen hoy mejores retribuciones -muy especialmente en el escalafón inicial- que los funcionarios “movibles” que se esfuerzan en el ámbito privado. Sin dudas que le asiste razón al presidente electo cuando subraya que la administración pública debe enfrentar sus metas de gestión creando paralelamente una pléyade de entidades regidas por normas distintas a las que le son aplicables le haría un mejor favor al país revisando su propia estructura y encontrando los modos de superar los vicios que condicionan su propio funcionamiento. El tema es que no se trata de una tarea fácil. Y el tema es también que cualquier esfuerzo en ese sentido seguramente desatará un fuerte enfrentamiento desde las entidades sindicales corporativas que reúnen a los funcionarios públicos. Algo que habla bien del ánimo de hacer de un gobernante que se atreve a plantear un desafío de ese porte y se propone afrontar un esfuerzo más que desafiante. Desde estas columnas cabe apoyar ese esfuerzo. Hace mucho tiempo que la administración pública uruguaya no deja conformes a los contribuyentes, ese conjunto de personas que -queriéndolo o no- solventan el funcionamiento del Estado. No hay dudas de que deben encontrarse elementos que faciliten la gestión. Y políticas sanas que abarquen tanto la selección de quién se contrata como su posterior desempeño al servicio de la gente, esa misión inclaudicable de toda la administración. El debate que ahora propone el mandatario electo es en realidad una larga deuda que la sociedad uruguaya tiene consigo misma. Y sería un gran progreso para el país que el caso se ventile ampliamente, generando un diálogo que finalmente apunte a una conciliación entre los funcionarios y la sociedad. Y permita advertir que el desempeño que se espera de los funcionarios públicos debe apuntar a la excelencia, en un marco jurídico que ofrezca las garantías del caso pero que desmonte ese sólido bastión de papel que hoy protege a los funcionarios públicos de las sanciones disciplinarias y les otorga estatutos privilegiados en todos los terrenos, empezando por el salarial. Pasos así exigirán un muy fuerte liderazgo político de quien ejerza el gobierno. Y la conciencia de que el intento exigirá cambios legislativos y hasta cambios en una jurisprudencia proclive a ampliar el manto protector del estatuto del funcionario público. No hay que olvidar que, en general con el apoyo de los sindicatos, grupos corporativistas de algunas de las empresas de “derecho privado” que se han creado y luchan por lograr incorporarse a la administración y contar por el resto de sus vidas de una condición laboral que no tienen los trabajadores privados. Tampoco hay que olvidar que reclamaciones como la de algunos guardahilos de Antel, contratados sabiamente como empresas unipersonales en distintas regiones de todo el país, terminaron consiguiendo en estrados judiciales una asimilación como funcionarios del ente. Son ejemplos de las muchas piedras de un camino que habrá que recorrer.