La disyuntiva es entre proteger a
los trabajadores o a los criminales

Cambiar tamaño Nuevamente la ceguera criminal de una banda de delincuentes juveniles provoca la muerte de un comerciante, el cuarto en lo que va del año. Tal hecho representa una muy dolorosa tragedia. Pero lo peor es pensar que la sociedad uruguaya se entrega inerme a la acción de estas pandillas. Pese a las evidencias se mantiene en 18 años el límite de la inimputabilidad. Y se alberga a estos delincuentes en colonias incapaces de retener a nadie. Tan seguros estaban de su impunidad que los asesinos ni siquiera se fugaron luego de cometer el crimen: fueron a asaltar un comercio vecino. No hay problema. Aún si los capturaban, el peor resultado sería algunos días con cuatro comidas en una colonia de Inau. Una situación que debe cambiar lo antes posible. Otra vez más muere un hombre honrado a manos de delincuentes menores de edad. Tres balazos en el tórax segaron fatalmente la vida de un apreciado comerciante de la Unión, anteayer a las seis de la tarde, como resultado de la acción de cuatro delincuentes juveniles que perpetraron tres rapiñas en comercios cercanos. El hecho vuelve a enfrentar a la opinión pública con la persistencia en Uruguay de un sistema que no defiende a los trabajadores honestos y sí ampara la impunidad de los peores delincuentes. Según la crónica que en la víspera publicó Ultimas Noticias, dos de los criminales cayeron y tenían 16 años. Imbuidos de la convicción de que de cualquier manera resultarían impunes, después de matar a un hombre intentaron otra rapiña en un comercio vecino. Cero temor a la ley o a cualquier consecuencia de su accionar homicida. Todo esto no es casualidad, sino el resultado directo de un sistema perverso, que insiste en ver "niños" en adultos con clara conciencia de sus actos que aún no alcanzaron la mayoría de edad. A diferencia de lo que ya ocurre en la mayor parte del mundo civilizado, en Uruguay no se es responsable penalmente hasta los 18 años cumplidos. No importan cuántos homicidios, rapiñas, copamientos o arrebatos se hayan cometido. Los menores quedan al margen de las disposiciones que la sociedad adopta para proteger a la gente honesta del delito. Siquiera puede abrirse un prontuario. Cuando cumplan la mayoría de edad, quedarán perfectamente limpios de todo antecedente, cual si fueran primarios. Y lo que estarán iniciando es una nueva carrera delictiva, no una nueva vida de trabajo. La inimputabilidad penal tiene para peor un complemento casi igual de nefasto para los intereses de la sociedad: los establecimientos de reclusión para menores no son tales. Cualquier asesino se fuga cuando se le viene en gana. Incluso hay testimonio de que los mismos funcionarios a cargo de su custodia, que son empleados de la administración con un perfil adecuado para manejar niños y no delincuentes, hasta miran para otro lado para facilitar la fuga de los más peligrosos. Y se explica: son funcionarios públicos inermes, que están regalados frente a la eventual violencia de los internados y que obviamente sienten aprecio por su integridad física. Y cuya peor pesadilla es la posibilidad de ser acusados de malos tratos en el caso de que resistan una agresión. Un perverso cóctel de circunstancias que contribuye a que, pase lo que pase, lo más probable es que quienes perpetraron el brutal asesinato estén de vuelta en la calle en muy pocos días. Prontos para seguir con su carrera de sangre. Y sabedores de que no les alcanzará el castigo de ningún nuevo delito. Aparte, también en este caso, la droga fue uno de los ingredientes de la tragedia. ¿Puede prolongarse esta situación? Lamentablemente, en el plano de la legislación penal todavía hay gente que defiende la inimputabilidad hasta los 18 años. Una suerte de poetas de la política criminal, que parecen creer que a los 15 o 16 años no se advierten las consecuencias de los más terribles delitos. Y que piensan que criminales reincidentes y violentos se redimirán en las colonias de Inau, donde ningún esfuerzo de rehabilitación puede siquiera encararse seriamente cuando los internados piensan que pueden fugarse esa misma noche. Para la opinión pública llega el momento de señalar la responsabilidad de quienes obstaculicen el cambio que toda la sociedad espera, y que se ha propuesto en la comisión multipartidaria que enfoca los temas de seguridad. A la vez, parece imprescindible que cambien totalmente las políticas de reclusión de menores reincidentes. A nada conduce tenerlos en colonias en las que no exista la posibilidad de reeducarlos ni los niveles de seguridad necesarios para garantizar su custodia. Fue en su momento una muy buena iniciativa la que se planteó en el sentido de encomendar al Inju solamente la tutela de los niños y adolescentes sin problemas con la Justicia -que son miles y bien valen un esfuerzo para convertirlos en trabajadores honestos, capaces de formar y sostener una familia- y darles independencia funcional a un nuevo instituto, este sí especializado en la atención de delincuentes. La acotación es que este último debe de ser dotado de edificios apropiados para garantir la seguridad y de un personal cuyo perfil sí sea el adecuado para el manejo de delincuentes, todo con fuerte participación policial en la vigilancia exterior. Por último, cabe una nueva mención al tema de la pasta base, que tantas veces ha sido el motor de estas tragedias. También en ese caso hacen falta reformas en la legislación penal que permitan un más eficaz trabajo de la Policía -por ejemplo autorizando el allanamiento nocturno de las bocas de venta, que no pueden ser consideradas "hogares"- y que aumenten sensiblemente las penas para los traficantes. Una cosa es vender drogas que no fomentan la violencia y otra muy distinta este infame comercio de la muerte, y eso debe ser reconocido con sanciones ejemplares. Uruguay ya no puede seguir amparando a delincuentes juveniles que amenazan la vida y la integridad de trabajadores honrados. No es de ese modo que se regula una sociedad civilizada. Para prevenir más crímenes hay que obrar ya. Empezando por bajar el actual límite de la inimputabilidad penal.