La vía judicial para reencauzar las
relaciones de Uruguay y Argentina

Cambiar tamaño Se produjo el milagro y finalmente la Justicia argentina -al influjo de los guiños que surgieron en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- emitió un fallo judicial que ordenó el levantamiento del corte de ruta en Arroyo Verde. Por la tarde, el gobierno argentino tomó la posta y presentó su propia denuncia penal contra el corte. El quiebre en la situación se produjo a partir de la mejora en las relaciones bilaterales que ha impulsado el presidente Mujica. Lamentablemente, los piqueteros mantienen su decisión de permanecer en el lugar y resistir las acciones judiciales. Finalmente el martes se produjo el hecho tan esperado. La Justicia argentina ordenó al gobierno de la presidenta Cristina Kirchner que levante el piquete de Arroyo Verde. No por esperada la decisión tuvo menos impacto, ya que implica que ahora les restan pocas excusas a la mandataria y su gobierno para definitivamente poner fin a una manifestación que por casi cuatro años impidió el pasaje de personas y vehículos por sobre el puente general San Martín, que une a las ciudades de Fray Bentos y Gualeguaychú. Lo sucedido es fruto del cambio de talante de la relación entre ambos gobiernos, generado por la tozuda decisión del presidente José Mujica de poner fin a los desencuentros que pautaron la relación binacional a partir de la instalación de la planta procesadora de celulosa de la ex empresa Botnia. En una reciente cumbre desarrollada en la estancia presidencial de Anchorena entre Mujica y Cristina Fernández cambiaron el talante hostil de las relaciones de ambos países y lograron un conjunto de acuerdos que es el más importante alcanzado en muchos años. Y este fin de la hostilidad, además, preanunció el desenlace terminal del ilegal corte del puente binacional general San Martín. El fin de semana pasado el desenlace de la situación se aceleró cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia del vecino país, Ricardo Lorenzetti, aseguró que el corte de puente era “insostenible”. No pasaron dos días que el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, emitió un fallo en el que consideró que “supeditar el cese de la obstrucción de la ruta al desmantelamiento de la planta de celulosa (de UPM, ex Botnia) deviene en algo desproporcionado e irrazonable”. Por ello, ratificó oficios judiciales emitidos en los años 2006 y 2007 que ordenaban arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación, lo que señaló está supeditado a las instrucciones que reciba la Gendarmería del Ministerio del Interior de Argentina. El magistrado resaltó que la medida de corte “no recae sobre quien se sindicaría como protagonista del riesgo -emprendimiento UPM ex Botnia-, sino sobre terceros -usuarios del carril vial-, (por lo cual) debe descartarse de cuajo la búsqueda de justificación en la legítima defensa”, puesto que “sólo tiene sentido frente al agresor y no frente a terceros que no han intervenido en la agresión”. Con relación al reclamo de los piqueteros de desmantelar la planta de celulosa ubicada en las afueras de Fray Bentos, el magistrado indicó que “solicitar al poder público algo que éste no se halle autorizado para conceder, no solamente es absurdo, sino también contrario a la ética cívica que debe privar en las relaciones entre gobernantes y gobernados”. El juez consideró que a la fecha “no existen elementos que permitan restarles validez” a las órdenes judiciales de 2006 y 2007, más aún cuando preveían “a fin de evitar cualquier tipo de excesos, que se vele por la seguridad de los manifestantes”; “no siendo por ende necesaria una nueva disposición al respecto”. En esos oficios mencionados por Pimentel se marcaba la necesidad de “arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales” y “la totalidad de los pasos fronterizos”. Pero la cosa no quedó allí, ayer el gobierno argentino levantó la apuesta y efectuó su propia denuncia ante la justicia, en la que acusó de sedición a los líderes piqueteros, y entre muchas otras imputaciones, los imputó de las pérdidas económicas ocurridas en ambas ciudades como consecuencia del piquete. Al cierre de esta edición la acción de desalojo no se había concretado. Pero no hay dudas de que a partir de que ello ocurra Uruguay y Argentina volverán a caminar juntos, dejando atrás este enfrentamiento que encendió los ánimos de uno y otro lado y separó a dos pueblos que tienen muchas más semejanzas que diferencias.