Una negociación que se avizora como difícil

Cambiar tamaño En la primera reunión que mantuvieron con las autoridades de gobierno para comenzar a negociar cuestiones salariales y laborales, los representantes de los sindicatos de funcionarios públicos desgranaron fuertes y variadas críticas, entre las que se destacaron particularmente sus discrepancias con las propuestas de reforma del Estado expuestas públicamente por el presidente de la República, José Mujica, y otras autoridades de gobierno. En la instancia, los sindicalistas también manifestaron su descontento porque entienden que el gobierno no los ha tenido en cuenta a la hora de conformar el presupuesto quinquenal, una herramienta que, como se sabe, muchas veces es usada por las administraciones para realizar modificaciones al aparato estatal. Entre los “malestares” de los dirigentes sindicales figura la forma como el gobierno ha manejado el ingreso de becarios y pasantes a la función pública, ya que se entiende que se están tapando agujeros y cubriendo puestos sin contratar personal fijo. Estos planteos surgieron a pesar de que la convocatoria del gobierno a los trabajadores tuvo por objetivo instalar el Consejo Superior de Negociación Colectiva para el sector público donde se deberán discutir fundamentalmente las pautas generales para los convenios salariales. El problema es que a los empleados estatales les preocupa el tema de la Reforma del Estado, el cual aparece entre los principales desafíos en la agenda de las primeras actuaciones de la nueva administración. Y se justifica esta prioridad porque un Estado caro y pesado en su accionar es una rémora para cualquier proyecto de país productivo y un gran obstáculo para la aspiración de multiplicar los empleos y reforzar la capacidad exportadora. Este es un asunto del que los trabajadores públicos deberían ser conscientes. Porque toda la sociedad espera y necesita un Estado más eficiente, que le imponga menores costos, en el que no existan injusticias salariales del calibre de las que hoy campean, con porteros ganando varias veces lo que un maestro o un policía, en que corregir la inconducta de un funcionario sea un procedimiento expeditivo y en que los funcionarios públicos sean servidores públicos. La ineficiencia del Estado afecta a toda la sociedad. Un alto costo del Estado disminuye las posibilidades de todos, resta competitividad, cercena la viabilidad de colocar en el exterior el trabajo nacional. Quita, en definitiva, puestos de trabajo y oportunidades para la prosperidad de todos. Así las cosas, es entendible la preocupación gremial por tratar de discutir algo más que el ajuste salarial. Pero para que les den intervención deberán abrir sus mentes ya que es imperiosa una reforma del Estado que aminore el peso que éste tiene para toda la sociedad.