Ley de Emergencia Carcelaria:
un paso para mejorar la situación

Cambiar tamaño En la actual situación del sistema carcelario del país y con el tremendo desafío que plantea el hacinamiento de todas las cárceles, debe ser más que bienvenida la aprobación por parte de la Cámara de Diputados -falta el voto de los senadores-, del proyecto de ley de Emergencia Carcelaria. Sin un mejoramiento de los aspectos edilicios, es prácticamente imposible dar un trato humano a los presos ni intentar cumplir con el precepto constitucional según el cual deben estar al servicio de la reeducación del delincuente y no convertirse en un medio de mortificación. La Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado el proyecto de ley de Emergencia Carcelaria por el cual se habilita al Poder Ejecutivo a utilizar $ 292.192.931 -unos 15 millones de dólares- para la construcción, reciclaje y modificación de instalaciones de los distintos establecimientos dependientes de la Dirección Nacional de Cárceles y de las distintas Jefaturas del Interior del país. En el artículo cuarto, la norma establece asimismo la creación de 1.500 cargos de personal ejecutivo en la órbita del Ministerio del Interior, parte de los cuales se destinarán a la custodia de cárceles y centros de reclusión. El proyecto largamente esperado intentará ordenar una situación carcelaria que con el correr de los años y de las distintas administraciones de gobierno ha ido deteriorándose y agravándose y que debe reconocerse como uno de factores generadores de la inseguridad ciudadana. La iniciativa en cuestión fue elaborada en la Comisión Multipartidaria que se creó para analizar el tema de la seguridad. El fracaso del sistema actual sin dudas que lo demuestran los astronómicos índices de reincidencia de los egresados de las cárceles, a los que en realidad (salvo alguna honrosa excepción) siquiera se les puede enseñar un oficio, camino que bien podría constituir una vía para retirarlos del camino del crimen. Es que con el correr del tiempo las cárceles uruguayas se han convertido en verdaderas escuelas del crimen, donde los reclusos aprenden a delinquir y a elaborar distintos tipos de armas improvisadas para defenderse de los embates de las bandas rivales que conviven en los recintos. Sin ir más lejos, la semana pasada y al defender la necesidad de inmediata aprobación de la ley de Emergencia Carcelaria, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había advertido a legisladores de todas las bancadas que el sistema de reclusión se encuentra en una situación “muy complicada” y afirmó que el Comcar está “agujereado”, en alusión a que entre las celdas hay espacios por los que los presos salen y deambulan por los recintos. A su vez, la asesora de ministro, Gabriela Fulco, señaló que dentro del referido centro carcelario se está viviendo un “verdadero entrevero” que hace muy difícil diferenciar a la población reclusa para implementar políticas de rehabilitación, como es, por ejemplo, el régimen de salidas transitorias. En las actuales circunstancias no es posible en Uruguay intentar la recuperación de los reclusos que se encuentran purgando penas, salvo en algún caso aislado y ejemplar. Menos aún hay demasiadas posibilidades de conseguir que los reclusos completen estudios formales adentro de la cárcel, ni que tengan trabajos que les permitan cosechar algún ingreso para sus familias. Porque en estas cárceles, en las que impera el peor ocio, lo único que realmente se adquiere es el hábito de la droga, los códigos criminales y las relaciones que luego podrán fundar nuevas bandas delictivas. Así las cosas, es indudable que la situación que atraviesa el sistema carcelario del país requiere que la discusión parlamentaria sea lo más breve posible -falta el análisis de la Cámara de Senadores-, de manera de aprobar cuanto antes la iniciativa que si bien no podrá solucionar todos los problemas, al menos les pondrá algunos paños fríos. Es cierto que a gran parte de la población puede resultarle difícil entender que los dineros públicos se destinen a la edificación de cárceles, pero a esta altura parece ser una de las soluciones que puede tener este grave problema que enfrenta toda la sociedad. Uruguay ha llegado a un punto en el que sí o sí hay que adoptar medidas e invertir en el sistema carcelario.