Una cosa es pedir amparo y otra
distinta, desconocer la autoridad

Cambiar tamaño Los inspectores de tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo han exigido, hasta más allá de lo razonable, todo el amparo que pueda imaginarse antes de cumplir con la misión de indagar sobre el lugar de residencia de los conductores de vehículos empadronados en el interior del país, según las normas de la nueva ley sobre el tema. La Intendencia ha atendido todos estos reclamos, pero ahora recibe como respuesta una decisión gremial que dilata hasta “la nueva administración” el comienzo de la importante tarea. Esto último constituye un desacato inadmisible, una desobediencia lisa y llana a las autoridades que representan a los vecinos de la ciudad en la administración de la comuna. Sería hora de que los inspectores recapaciten sobre su actitud, mediten sobre la escasa simpatía con la que cuentan en la opinión pública y prefieran desistir de otras medidas que solamente empeorarán la situación. Las circunstancias de los últimos días obligan a llover con nuevos capítulos sobre la ya empapada saga de la “guerra de patentes”, esa historia sin fin que a esta altura debiera avergonzar a todos los uruguayos. Porque no es nada edificante ni habla bien sobre el futuro del país la circunstancia de que un problema fiscal y legal, en el fondo sencillo, se arrastre ya por casi medio siglo, sobreviva a gobiernos democráticos y dictaduras, a gobiernos socialdemócratas y liberales, a administraciones de derecha y de izquierda sin que el sistema político sea capaz de imponer el sonoro ¡no va más! que se espera desde hace decenios. El capítulo agregado tiene que ver con la actitud de los inspectores de tránsito montevideanos que van y vienen sobre la realización de los procedimientos sobre justificación del lugar de domicilio que prevé la ley sobre el tema que el Parlamento aprobó el año pasado, con la esperanza de aportar una solución. Desde estas mismas columnas se dijo en algún momento que era justificada la exigencia de los funcionarios de inspección en cuanto a que se les dotara de un detallado protocolo sobre el procedimiento a aplicar y se deslindara claramente que la responsabilidad por las actuaciones sería asumida por la administración y no recaería individualmente sobre los funcionarios. Que la responsabilidad es de la administración parece estar en la tapa del libro para cualquiera con cierta inclinación jurídica. Pero en una época en que se cobra al grito y en la que algunos opositores a la ley han revoleado como bandera la posibilidad de accionar individualmente contra los funcionarios, la solicitud termina siendo pertinente. Y la Intendencia montevideana se ve obligada a hacer una declaración más que sobreabundante, señalando que a los inspectores les mandó hacer lo que les mandó hacer y que no es idea de ellos pedir una justificación de lugar de residencia. Hasta aquí la situación con los inspectores municipales parecía estar en el reino de lo admisible. Quizá demasiada chicana, probablemente consultas con la gremial Adeom que parecían el ejercicio de una suerte de supervisión de las resoluciones del intendente no prevista ni imaginada por la Constitución ni por algún otro cuerpo legal vigente. Todo esto vaya y pase, por más que parezca desmesurado. Lo grave es que hay todavía más. Es que la gremial de inspectores se arrogó el derecho a establecer que las inspecciones previstas y ordenadas por el intendente recién se realizarían luego de asumir la próxima administración. Esto es desobedecer simplemente una orden superior y desconocer a las autoridades a las que el pueblo, en elecciones legítimas, les confió administración municipal de Montevideo. A través de esas autoridades se expresa, hasta el último día del mandato que se les confió, el conjunto de los vecinos de Montevideo. Ni los inspectores de tránsito, a los que se les ha reconocido la potestad de solicitar garantías y respaldos ante una encomienda que puede depararles choques con los automovilistas inspeccionados, ni tampoco Adeom pueden de modo alguno disponer por sí y ante sí un desconocimiento de esta naturaleza, que no los enfrenta con una administración municipal sino con las normas del derecho público uruguayo y la voluntad reconocida en las urnas de todos los vecinos de Montevideo. Es de esperar que los inspectores municipales de tránsito recapaciten. Que adviertan, antes de cualquier enfrentamiento que empeore el panorama, las dimensiones del desacato que estás planteando. Que adviertan también que corren el riesgo de plantear batalla desde una posición muy débil ante la opinión pública, porque tienen un lugar preferente entre los más odiados de toda la organización estatal. Valoración de la gente que no deja de encontrar fundamento. Porque parte de las multas que cobran se vuelcan en sus bolsillos, porque prácticamente nada hacen por la seguridad del tránsito, distraídos cuando alguien cruza con luz roja y muy despiertos a la hora de sancionar atrasos en la patente. O para esconderse en lugares estratégicos a multar a mansalva por infracciones que no ponen el peligro la vida de nadie. En esta instancia será bien difícil encontrar vecinos que cuestionen la actitud del intendente Ehrlich, fuera de los evasores que terminan empadronando al son del remate de precios en que han caído algunos departamentos. Cabe entonces apoyar al jefe comunal y exigir que las inspecciones se cumplan sin más trámite. No hay que olvidar que recién el 9 de julio, a 60 días de la elección, se instalará el nuevo gobierno municipal. Y a ningún administrador municipal sensato se le puede ocurrir que una dilación de ese porte sea una solución para nada. Dicho lo cual caben algunas breves reflexiones, reiterando lo que desde aquí se ha dicho con especial énfasis. La guerra de las patentes es, antes que nada, una desviación que hace mucho tiempo se debió haber corregido. Y que en cuyo trasfondo resplandece el alto costo de la patente montevideana, tributario -especialmente hoy- del peso que sobre las finanzas municipales impone una carga salarial demasiado pesada. Algo que también puede servir de motivo de reflexión para los vecinos de Montevideo y para los funcionarios que amenazan desacatar a las autoridades legítimas.