Necesaria prudencia en la
negociación salarial que se inicia

Cambiar tamaño En los últimos días hábiles de esta semana comenzará la convocatoria para que trabajadores y empresarios comiencen a negociar los convenios salariales en la actividad privada. Se llega a esta instancia con la euforia pasional de un buen desempeño deportivo. Pero ahora se trata de otra cosa. De moverse con prudencia y sensatez en una situación en que la actividad del país crece al influjo de las exportaciones, pero algunos factores pesan gravemente sobre la posibilidad de seguir en competencia en los mercados internacionales. En materia de competitividad, Uruguay está muy lejos de ocupar un puesto entre los cuatro mejores. Mientras se va desvaneciendo la pasión que despertó el campeonato mundial de fútbol, bien que conviene echar una mirada sobre dos de los grandes temas que marcarán la agenda nacional en lo que resta del año: la ronda de negociación salarial y el presupuesto quinquenal. En la perspectiva individual a nadie le viene mal un aumento de salario. El problema es que los aumentos no son un hecho económico aislado sino que tienen un reflejo muy importante sobre la economía nacional. Especialmente si son decididos a la vez y tratando a cada ramo de actividad como si su realidad fuera única y no una sumatoria de coyunturas empresariales que pueden ir de la mayor prosperidad al riesgo de extinción. De allí que en esta materia lo más importante es moverse con prudencia. Es lógico que cada uno de los participantes en la negociación defienda sus propios intereses. Pero de un modo maduro, sin atentar contra la fuente de trabajo los trabajadores, ni pretender apropiarse de todos los beneficios de una racha favorable, en el caso de aquellos empresarios que viven una situación de comodidad. También hay que defender los intereses colectivos, los que atañen a toda la sociedad, y es para eso que en las mesas de negociación también se sientan con voz y voto delegados del gobierno. En este momento los salarios en Uruguay, como resultado de la realidad cambiaria, son muy altos en dólares y repercuten negativamente en la competitividad del país. Desde siempre el Estado tiene un peso importante en materia fiscal y las tarifas públicas son comparativamente mucho más altas que en el exterior. En esa realidad, es claro que el margen para ajustar al alza los salarios es limitado. Porque se corre el riesgo de afectar gravemente la competitividad, perder mercados y fuentes de trabajo. Muchas fuentes de trabajo. Por lo demás, nadie se instala en un país -lo que más hace falta aquí son inversiones- para producir más caro que en otra parte, por lo que un aumento salarial desmedido termina siendo una puñalada por la espalda de los desocupados y de los jóvenes que comienzan a labrarse un destino laboral. Las empresas más sólidas son las que pueden exportar sus productos y defender su participación en el mercado interno frente a los productos importados. Esto es, las empresas competitivas. Tales empresas son las que pueden ofrecer a sus trabajadores un destino sin sobresaltos, pagar sus impuestos y contribuir en el sostenimiento del aparato estatal. El otro gran riesgo es que la negociación salarial arrastre al país a una desmedida conflictividad, que en algunos gremios ya se insinúa. No hay que perder de vista que huelgas y paros dañan a la gente, a la economía del país, a las empresas y a los mismos trabajadores, que debieran emplear este recurso con excepcional mesura. No es para nada bueno que una conflictividad cerril pueda significar un freno en momentos en que Uruguay aumenta sus ventas en el exterior. La conflictividad “a la uruguaya” es muy difícil de comprender fuera del país, los contratos se firman con cláusulas punitivas por incumplimiento y al perder un mercado -algo que ha sucedido- el país pierde mucho en materia de fuentes de trabajo, que en varios sectores -como el textil- están severamente comprometidas. Las mismas consideraciones valen para el tema del presupuesto quinquenal, que regulará los niveles de aumento salarial para los funcionarios públicos. El Estado gasta en salarios un porcentaje muy alto de la recaudación fiscal, y un aumento incide muy directamente sobre el llamado “costo país”. Y también sobre las tarifas públicas, que por el momento siguen siendo una pesada carga -por su alto valor comparativo- sobre toda la colectividad. Siendo en los hechos leyes de la economía, estas cuestiones son casi unánimemente ignoradas en los sindicatos. En muchas partes los criterios que se manejan siguen siendo los de la “lucha de clases” y se ve en el empresario un enemigo, por lo demás integrante o asociado a la oligarquía, o aún despreciable cipayo del imperialismo. Todo hueco y carente de sentido, cuando se advierte que los países en los que más se progresa y en que los trabajadores son más prósperos son aquellos en que se han logrado amplios acuerdos entre empresarios y trabajadores y se disfruta de un clima de comunicación y respeto entre ambos. Según lo anuncia la documentada nota que Ultimas Noticias publicó ayer sobre el tema, la posición sindical desea basar los aumentos “como mínimo” en la evolución combinada de la inflación y en el crecimiento del Producto Bruto. El gobierno, por su parte, procura introducir también una variable que tenga en cuenta la situación sectorial, algo muy sensato: no es lo mismo la soja que los hilados y parece claro que la negociación salarial debe reflejarlo. Por otra parte, el crecimiento del PBI puede responder a la gestión de unos pocos sectores, mientras los demás retroceden en materia de producto. El PBI es un índice global y para nada un indicador de la productividad de cada sector. Según también se ha dicho, la intención del Poder Ejecutivo es la de promover aumentos más importante en la franja del salario mínimo. En la actividad privada puede que, dentro de ciertos límites, esa sea una medida adecuada. En especial, al advertir que el salario más bajo de los funcionarios públicos es un múltiplo del salario mínimo en la actividad privada, una desviación que no parece tener sentido. Defender sus propios intereses es razonable. Pero dentro de los límites de la sensatez y del interés común -del que participan los trabajadores- que de ningún modo puede aceptar que se edifique un país que no pueda competir en el exterior, pierda empleos y pierda también la capacidad de recibir inversiones.