La reforma del Estado empieza a
sustanciarse en proyectos de ley

Cambiar tamaño Motivo de inquietud para la gente, pero además promesa preelectoral, la reforma del Estado se encarrilará en soluciones legislativas que fortalezcan el rol de los funcionarios como servidores públicos. El tema ocupó la sesión del lunes del Consejo de Ministros y volverá a estar sobre la mesa de discusión en una sesión extraordinaria que el mismo cuerpo celebrará el próximo viernes. La idea es incorporar algunas disposiciones al Presupuesto quinquenal y redactar otros proyectos de ley específicos. Es un capítulo importante en la edificación de un país mejor y conviene prestarle la atención que merece. Los anuncios sobre reforma del Estado parecen encaminarse hacia una nueva legislación con cambios sustantivos que en parte se incluiría en el Presupuesto quinquenal que el Poder Ejecutivo -por mandato constitucional- debe enviar al Parlamento antes de la medianoche del 31 de agosto. No existe aún una enumeración exhaustiva de las reformas que se proponen e incluso se proyecta abrir ahora una instancia de diálogo con los funcionarios públicos. Lo que sí resulta claro es que la actual administración tiene el inequívoco propósito de promover una nueva realidad en lo que tiene que ver con la gestión del Estado. Y se trata de un impulso que puede echar los cimientos de un país más eficaz, más justo y más competitivo. Un Uruguay que orienta su futuro hacia la superación de un severo déficit en materia de enseñanza, que se propone que nuevas fuentes de generación de energía terminen con la actual situación de dependencia en esta materia y que en definitiva procura albergar una importante expansión productiva difícilmente alcanzará estos objetivos sin contar con un Estado eficaz. Según la definición del presidente Mujica durante el Consejo de Ministros del pasado lunes, la meta es contar con un “Estado musculoso, ágil y fuerte para defender al país de la situación que se vive en el mundo”. No se oculta que el Estado uruguayo tiene dimensiones que resultan onerosas para el país. Según los últimos datos, la administración cuenta con 240.000 funcionarios presupuestados, a los que deben sumarse unos 15.000 más que actúan como becarios, pasantes o trabajan según contratos de obra. No se oculta tampoco que en general el uruguayo no está feliz con el trabajo del Estado. Y mucho menos con los privilegios con los que cuentan los funcionarios públicos, cuyo salario más bajo duplica el salario mínimo en la actividad privada, tienen más feriados y licencias, en general se salvan de los descuentos por inasistencia y -por sobre todo- cuentan con la tranquilidad de un salario por toda la vida, trabajen bien o mal. Y no pueden ser despedidos más que luego de un largo proceso administrativo que culmina con la venia otorgada por el Senado. Tampoco está feliz la gente con el talante que suele encontrar en sus gestiones frente al Estado, en las que muchas veces se topa con actitudes arrogantes o indiferentes que nada tienen que ver con el comportamiento que se espera de un servidor público. Aparte, dentro de la misma administración se dan muchas injusticias flagrantes. Por ejemplo, a un chofer de un banco oficial le alcanza sumar unas pocas horas extras para contar con una retribución que supere la de un policía que tiene que trabajar 16 horas al día -turno y 222- para hacerse de un salario apenas capaz de sustentar las necesidades básicas de su familia. Es un tema que el presidente Mujica ya había subrayado, señalando la injusticia de que los mejores sueldos del Estado quedaran reservados para “quienes están cerca del poder”. En la instancia que se abrió con el último Consejo de Ministros se habla de cuatro ejes de atención, entre los que figuran los recursos humanos, la reestructura administrativa, la gestión pública y la tecnología del Estado. Estos cambios, que en cada caso requieren ser sustentados por normas legales, empezarían a sustanciarse en el Presupuesto quinquenal que se elabora, pero también pueden merecer proyectos de ley específicos que se presentarían este año y el siguiente. Según la informada crónica que Ultimas Noticias dedicó al tema en su edición de ayer, los cambios abarcarían varias modificaciones del Texto Ordenado de normas sobre la Función Pública (Tofup), que en su nueva redacción se convertiría en un “Estatuto del Servidor Público” y enumeraría en un solo documento los derechos y las obligaciones que debe cumplir cualquier funcionario estatal. Asimismo, se proyectan definiciones en cuanto a la situación de quienes ocupan cargos de confianza -designaciones políticas que duran tanto como la administración que las promovió- y que hasta el momento no cuentan con una regulación específica. Entre los cambios potenciales que se anunciaron, también figura un importante capítulo relacionado con la unificación de los criterios en materia de retribuciones, aspecto en que la organización estatal -se indicaba más arriba- deja mucho que desear. Se apuntaría asimismo a la unificación de criterios de contratación, que hoy presentan un abanico de posibilidades sin coherencia -“caótico e ineficiente”, dijo el vicepresidente Astori- que sería simplificado con normas claras y aplicadas a todos los casos que se presenten. El próximo viernes, el Consejo de Ministros volverá a sesionar, de modo extraordinario, para continuar la consideración de estos temas. Se anuncia que, con definiciones más afinadas, se llamará a las gremiales de funcionarios para que también se pronuncien. Lo que quiere la gente es que el Estado cumpla un rol eficaz en la defensa de los intereses nacionales y en el servicio a la sociedad que sostiene su accionar. Muy probablemente, algunas de las soluciones que se propongan no serán bien recibidas por el funcionariado, que debe actuar con prudencia y pensando en lo esencial: los servidores públicos son precisamente eso.