Por fin la “emergencia carcelaria”
se encamina hacia reales avances

Cambiar tamaño Del tema se habla hace muchos años y pasó una larga lista de ministros del Interior. Pero lo cierto es que el problema de los establecimientos de reclusión no ha hecho otra cosa que crecer, tanto como consecuencia del auge delictivo como de una pobre determinación de invertir dinero en la construcción o adaptación de edificios para darles un destino carcelario. Por fin ahora se aprueba una ley autorizando medidas concretas y eficaces -dinero y funcionarios- para superar la situación. Por muy atendibles motivos humanitarios. Pero también porque las cárceles actuales, en lugar de servir a un esfuerzo de rehabilitación, sólo contribuyen a fortalecer el ánimo delictivo de los internados, un muy mal negocio para la sociedad. Mientras pesa en el ánimo de todos los uruguayos el dolor por la terrible muerte en un incendio de 12 reclusos que quedaron atrapados en una celda de la hacinada cárcel departamental de Rocha, finalmente el Senado dio la definitiva sanción legislativa al proyecto de ley de “Emergencia Carcelaria”. La norma se consideró a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo, que previamente había consultado el tema con los demás partidos. Lo que verdaderamente importa es que, tras años en que la penosa situación golpeaba sobre la conciencia nacional se da un primer paso sustantivo hacia la superación de una grave crisis. Es bueno, además, que tal decisión cuente con un amplio respaldo político y que los partidos reflejen en esta materia lo que la opinión pública siente como una necesidad impostergable. Entre otras disposiciones la norma, que debe ser ahora promulgada por el presidente Mujica, dedica 15 millones de dólares en fondos extrapresupuestales a la construcción de cárceles o la adaptación de edificios para convertirlos en centros de reclusión. También autoriza la contratación de hasta 1.500 funcionarios para engrosar la planilla de trabajadores a cargo de la atención de los presos. Ambos aportes se entienden adecuados para darle un vuelco favorable a un sistema que hoy, en todo el país, alberga a 9.000 reclusos en establecimientos que suelen padecer notables falencias en materia edilicia y que están previstos para acoger a unos 6.000 ocupantes. El primer motivo por el cual debe apoyarse esta solución, así como otras que puedan adoptarse en el mismo sentido, es el respeto a los derechos humanos. El sistema carcelario uruguayo, superado por el creciente número de reclusos, termina provocándoles a los internados todo tipo de padecimientos. Un relator sobre derechos humanos de la ONU, Manfred Nowak, produjo a fines de marzo de 2009 un informe demoledor sobre la situación carcelaria en el país, subrayando el hacinamiento y condiciones de reclusión que recordaban, según sus dichos, a las de la temida dictadura de Guinea Ecuatorial. Ese informe dio lugar a una reacción del gobierno, que encomendó la atención del tema a la entonces ministra del Interior, Daisy Tourné. Pero esta primera declaración de “emergencia carcelaria” no se reflejó en logros sustantivos, según insistió la oposición durante el debate en el Senado. Las violaciones a los derechos humanos detalladas por Nowak impresionaban a cualquier lector de su informe. Necesidad de tomar agua de los inodoros y consiguiente exigencia de buscar otros destinos para los desechos orgánicos, celdas metálicas que expuestas al sol del verano llegaban a una temperatura interior de hasta 60 grados, reclusión de hasta 12 presos en celdas previstas para un máximo de tres, imposibilidad de separar a los procesados (la presunción debe ser de inocencia) de los condenados. Nadie podía dudar de la necesidad humanitaria de promover cambios inmediatos en el sistema. Estas columnas, que se han referido en varias ocasiones al tema, valorando su importancia, han insistido en señalar que, más allá de las tan atendibles consideraciones humanitarias la situación de las cárceles uruguayas generaba condiciones en las que era imposible cualquier esfuerzo por rehabilitar a un delincuente. En establecimientos hacinados no se puede clasificar convenientemente a los reclusos, se mezclan reincidentes con primarios, drogadictos con los que no lo son, peligrosos y tranquilos. Lo que se configura así es una suerte de escuela del delito, con alumnos sumidos en el ocio que se perfeccionan en el crimen y forjan las relaciones necesarias para establecer, ya en libertad, nuevas asociaciones para delinquir. No es posible además implementar verdaderas políticas de rehabilitación, facilitando tanto estudios básicos como el aprendizaje de algún oficio que se convierta en una alternativa sana a la actividad delictiva. Mientras que ese mismo ocio termina induciendo a consumir drogas a quienes aún no tienen una adicción, la más barata de las cuales es la pasta base de cocaína. Esto es: cárceles así no le hacen ningún favor a la seguridad pública. Muy por el contrario, son una suerte de posgrado en temas de delincuencia y en la degradación moral y el impulso violento que provoca la pasta base. De allí que, aunque a nadie le entusiasme la idea de construir cárceles, ni de gastar en presos el dinero que se podría aplicar a escuelas, o mejor atención de la salud, la necesidad de hacerlo resulta apremiante. Porque es una medida de defensa de la misma sociedad, que solamente así tendrá una oportunidad de bajar los altísimos índices de reincidencia de quienes egresan de prisión y contribuir al mejoramiento de la seguridad ciudadana. El tema no es eliminar delincuentes en incendios carcelarios. Es darles la oportunidad de aprender un oficio, de terminar sus estudios primarios o secundarios, de familiarizarse con nuevas técnicas, de esquivar el ocio y la droga haciendo algo útil para sí mismos, para el resto de los internados y para el país todo. Puede parecer un sueño el imaginar que un temido delincuente se convierta en un ciudadano cabal. Pero lo único seguro, por el momento, es que en cárceles como las que hoy tiene el país esto muy difícilmente ocurrirá. De allí que sea imperioso construir nuevas penitenciarías, mejorar las existentes y darles a los reclusos alguna herramienta para que al salir cuenten con una alternativa de vida honesta. Quizá a nadie le guste cortar la cinta inaugural de una cárcel. Pero no hay dudas de que tal cosa es necesaria para el bienestar de la sociedad.