Llega el momento de evaluar la
gestión del comisionado carcelario

Cambiar tamaño En el correr de este año los legisladores de todos los partidos deberán decidir quién ocupará el cargo de comisionado parlamentario de Cárceles . Sólo quedará definir si se le renueva el mandato al abogado Álvaro Garcé o si surgen otros oponentes. Entre las potestades del comisionado -que no la ha tenido para nada fácil- figuran: solicitar información a las autoridades carcelarias y formularles recomendaciones, recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, realizar inspecciones en los penales, rendir anualmente un informe a la Asamblea o realizarlo “cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen” y presentar denuncia penal cuando existan delitos. En setiembre de este año finaliza el mandato del comisionado parlamentario de Cárceles, Álvaro Garcé. Se trata de una figura administrativa que fuera creada por la Ley 17.864 de setiembre del año 2003 con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en el cumplimiento de la ley con relación a las personas que se encuentran privadas de libertad. En su artículo 16, la norma estableció que la duración del mandato sería por el término de cinco años, pudiendo ser reelecto una sola vez. Si bien aún no se sabe con exactitud la fecha en que la comisión especial a cargo de la designación del nuevo comisionado se reunirá -lo más probable es que el tema se comience a analizar luego de las elecciones municipales de mayo-, una consulta realizada por periodistas de este diario entre legisladores de distintos partidos arrojó como resultado que todos coinciden en que el actual ocupante de este cargo tiene méritos suficientes como para ser reelecto en la función, aunque no se descarta que en el camino de la designación surjan otros aspirantes a ocupar el mismo puesto. En 2005 la comisión que estudió los currículos de los postulantes al cargo estaba integrada por nueve miembros de todos los partidos, algunos de los cuales no se renuevan en la próxima legislatura: Iván Posada, Víctor Vaillant, Guillermo Chifflet, Washington Abdala, José Amorín Batlle, Alberto Cid, Carlos Moreira, Gustavo Borsari y Gustavo Penadés. En aquel momento siete de los nueve votos fueron favorables a Garcé, quien lo siguió en cantidad de votos fue el abogado de menores infractores Guillermo Paysée. Más allá de lo que pueda ocurrir en este nuevo camino de designación, lo cierto es que ahora ha llegado el momento de evaluar la gestión de Garcé y de acuerdo con el relevamiento realizado entre parlamentarios de todos los partidos, en general se entiende que su gestión ha sido correcta, a pesar de que durante su período en el cargo ha tenido que lidiar con el hierro caliente que representa el atestado sistema carcelario del país, que actualmente alberga a muchísimos más presos de los que sería deseable. Es que tanto el Complejo Carcelario (Comcar) de Santiago Vázquez, como la cárcel de Libertad, como otros establecimientos de reclusión del interior -entre los que se encuentra Las Rosas de Maldonado- han dado a lo largo de los últimos años un arduo trabajo, tanto a las autoridades del Ministerio del Interior como a Garcé, quien ha debido interceder en cuanto diferendo se ha planteado y, justo es decirlo, lo ha hecho con solvencia. Y para ejemplo del clima que se vive en las cárceles basta citar que tan sólo en diez días de iniciado el mes de enero ya se habían producido tres episodios violentos en el Comcar, el último de los cuales implicó que un recluso del módulo 3 fuera herido de bala. El problema ocurrió en momentos que tanto la Justicia como el Ministerio del Interior estaban indagando la reyerta que sólo unos días antes había enfrentado a policías y presos en el módulo 4 del mismo presidio. Otro aspecto que no ha hecho nada fácil la tarea del comisionado parlamentario es que ha sido el primero en ejercer la función y ello lo ha obligado a construir la institucionalidad del cargo. Con sus acertados informes y apreciaciones desnudó un sistema carcelario que fuera calificado por organizaciones defensoras de los derechos humanos como violatorio de los derechos humanos, un aspecto que se remarca continuamente como una asignatura pendiente del sistema uruguayo. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, lo cierto es que Garcé se ha revelado como una persona independiente, ecuánime, idónea en el tema, y en términos generales puede decirse que desarrolló con objetividad una tarea más que difícil.