Lo decisivo no es quién manda, sino
la mejor formación de los uruguayos

Cambiar tamaño El acto electoral que en la víspera convocó a todos los docentes de educación pública para elegir representantes en la conducción de la enseñanza es un acontecimiento de indudable importancia. Más allá de los aspectos coyunturales del desafío electoral, lo que los uruguayos esperan es que el cambio contribuya a mejorar la formación de los alumnos, hoy claramente deficitaria. Y no sea la mera expresión en nuevos ámbitos de las reclamaciones corporativas de los docentes. El cambio, por lo demás, plantea un problema político que se ventilará en los próximos días. Cuarenta y dos mil docentes de la enseñanza pública participaron ayer del acto electoral que, en virtud de la nueva ley de Educación, habrá de elegir la representación de maestros y profesores en los organismos rectores de la enseñanza. Es así que el nuevo Consejo Directivo Central (Codicen) tendrá dos representantes docentes en un total de cinco consejeros, mientras que también se elegirá un delegado de los educadores para cada uno de los consejos de Primaria, Secundaria y Enseñanza Técnica, que tienen tres integrantes. El tema merece una reflexión que vaya más allá de los muchos comentarios de coyuntura posibles, en lo que es en definitiva un pleito electoral. La enseñanza debe señalarse como el principal problema que se proyecta sobre el futuro de un país que debe forjar su prosperidad en el nuevo mundo del conocimiento. Y en esta materia Uruguay, que otrora fuera ejemplo de excelencia, está hoy en una situación que no puede ser menos que calificada de mala, con especiales deficiencias en temas tan decisivos como las matemáticas o la comprensión lectora. De allí que el gran deseo de toda la población es que el ingreso de los docentes a la conducción de los organismos de enseñanza sea un aporte en materia de mejoramiento de la educación, y no una nueva herramienta para sostener las reclamaciones corporativas de maestros y profesores. El sistema educativo público debe estar al servicio de la formación de las nuevas generaciones, y de modo alguno subordinado a intereses corporativos de ninguna naturaleza. La valoración crítica de la enseñanza en Uruguay no es una impresión subjetiva, pese a lo que diariamente se ve en tantos planos de la vida ciudadana (desde el bestialismo ortográfico a la necesidad de ver sólo películas dobladas, por incapacidad de leer subtítulos con rapidez), sino el resultado objetivo de escrupulosos estudios comparativos internacionales. Tal el caso del análisis patrocinado por Ocde. En este último, conocido por la sigla inglesa Pisa, jóvenes de 15 años de los países participantes son sometidos a un examen de los conocimientos adquiridos. Y los resultados uruguayos son muy mediocres si se los compara con los de las naciones en las que los estudiantes demuestran haber gozado de una formación eficaz. En todos los casos, se trata de países que, en ancas de la buena educación, están ganando la carrera hacia el bienestar: Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda. Estas circunstancias señalan más allá de cualquier duda razonable que el progreso de Uruguay, la edificación de ese país productivo que es sin dudas una meta nacional, no serán posibles sin un sostenido esfuerzo por mejorar la educación. El tema no es decidir quién habrá de gobernar la educación, sino mejorarla en todos los aspectos, concepto que estas columnas sostuvieron en ocasión de las instancias parlamentarias previas a la aprobación de la ley que ahora habilita el ingreso de docentes a la conducción de los organismos que administran la enseñanza pública. Acá el gran problema es encontrar los procedimientos pedagógicos que permitan enseñar matemáticas a los uruguayos. Y entrenar adecuadamente su comprensión lectora, sin la cual son simplemente analfabetos funcionales, capaces de leer pero no de interpretar un texto. Y eliminar los problemas que, especialmente a nivel de secundaria perturban la regularidad de los cursos, imponiendo el respeto a la autoridad de los docentes, el orden dentro de los institutos, combatir el ausentismo docente y fundamentalmente luchar contra la deserción temprana de los estudiantes. No es además solamente un tema de dinero. Nadie ha expresado con tanta claridad como Danilo Astori, ex ministro de Economía a punto de asumir como vicepresidente, la constatación de que derramar dinero sobre el presupuesto educativo no produce por sí solo una mejora en el nivel de la enseñanza ni en su aprovechamiento. El gobierno saliente hizo crecer el porcentaje del Producto consagrado a solventar el presupuesto educativo. La parte más importante fue al salario docente, sin que se adviertan mejoras sustantivas en los resultados. El mejoramiento de la educación también pasa por un estricto contralor de los resultados. En muchos países se realizan el mismo día exámenes de igual contenido que se plantean a todos los alumnos de un nivel determinado, tanto en la educación pública como en la privada. Los resultados se publican y permiten que todo el país sepa en qué institutos se enseña mejor. Algo así es mucho más útil que la inspección docente para orientar el trabajo de los educadores y señalar méritos y déficits. Algo así debiera establecerse también en Uruguay, en beneficio de todos. Al igual que lo que está ocurriendo con la promoción de inversiones, el mejoramiento de la educación debe convertirse en una política de estado lo que exige que participen en su formulación no solo los distintos actores políticos, sino también los docentes, ya que son ellos los que en definitiva deberían implementarla. En la medida que esta participación sea constructiva y no corporativa, se estará en la buena senda para mejorar la educación uruguaya.