Preservar la figura del informante

Cambiar tamaño En el gobierno no pasó desapercibida ni se tomó como un hecho judicial más la renuncia a su cargo presentada a finales de la semana pasada por el juez penal Federico Álvarez Petraglia. Todo lo contrario, la dimisión del magistrado generó preocupación en el gobierno que sigue de cerca el asunto y teme que exista una operación destinada a obstruir la investigación del caso Campanita y debilitar la figura del “informante”. Dicha figura fue creada por la Ley 18.494 de “Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo”, que dispuso en su artículo 6° que el Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, “podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo, si: revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso”. Es que no pueden caber dudas que la existencia de informantes protegidos por la ley no le sirve a nadie, y menos aún a la gente que puede estar involucrada en estos casos porque lo que pueda aportar un determinado informante puede ser clave para la dilucidación de un asunto. La sociedad uruguaya siente como uno de los desafíos del futuro inmediato el encontrar soluciones para el combate al tráfico de droga ya que se trata de un flagelo que afecta fundamentalmente a los más jóvenes. Y si el mecanismo del informante sirve para ayudar a combatirlo, no hay dudas de que debe ser protegido cueste lo que cueste. La información que brinda la gente que se ampara en este mecanismo que habilita la ley es una preciosa herramienta para el combate a la delincuencia en general. Por eso, quienes denuncian deben contar con la más absoluta seguridad de que su anonimato será respetado y celosamente custodiado.