Evitar más pérdida de clases buscando consensos sobre la ley de Educación

Cambiar tamaño Las pruebas están a la vista: los países que mejor educan a su población son también los que mayores éxitos logran en el campo de la economía y el desarrollo. En Uruguay, lo que surge son desavenencias tajantes en torno a una nueva ley de Educación, lo que puede resultar en un conflicto muy largo -no hay un desenlace a la vista- y en la pérdida de muchas más horas de clase, que se sumarán a un déficit formativo ya largamente denunciado. El deber de la hora es buscar consensos sobre un tema que se ha convertido en obstáculo, pese a que es poco lo que aporta realmente al mejoramiento de una situación deficitaria. Una jornada de paro nacional subrayó en la víspera las discrepancias de los gremios docentes con la ley de Educación que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, además de recoger en su plataforma las nuevas demandas de ajuste sobre la ya concedida asignación de fondos del 4,5% del Producto Interno Bruto. La paralización de la enseñanza pública se suma a una ya larga temporada de paros zonales en la enseñanza media y a distintas interrupciones, incluso con ocupación de algunos centros, que se registraron en el nivel universitario y, con menos intensidad, también en el ámbito escolar. El resultado es un año lectivo irregular, que aporta otro ingrediente negativo a una situación que también supo de problemas edilicios retardando el comienzo de las clases, de demoras considerables en la designación de profesores y de una situación límite en cuanto a ausentismo docente. Las víctimas de esta situación son, como siempre, los alumnos. Esa parte sustantiva del futuro de la sociedad uruguaya que no pudo ponerse a refugio en la enseñanza privada, en la que hay clase todos los días y los programas se cumplen a cabalidad. ¿Cabrá tener la esperanza de que algún día los gremios docentes descubran procedimientos distintos que huelgas y paros para ventilar sus demandas ante el resto de la sociedad? Quizá algún día ocurra, especialmente si se empiezan a considerar cifras internacionales claras que colocan a los estudiantes uruguayos en los escalones más bajos de un estudio comparativo sobre los resultados de la enseñanza, como reiteradamente se ha señalado en estas columnas. Pero aún creyendo que en algún momento habrá tiempos mejores en cuanto a los procedimientos reivindicativos de la clase docente, conviene advertir que la actual situación de conflictividad no tiene a la vista ninguna solución rápida. Y tal cosa debería ser especialmente tenida en cuenta por las autoridades para prevenir nuevas penurias en el acceso a la educación de los hijos de los trabajadores y los de los hogares más desfavorecidos, que en las escuelas de tiempo completo hasta se pierden la posibilidad de tener un almuerzo nutritivo. El tema es que el principal motivo del conflicto es el proyecto de ley de educación. Un tema que no está maduro en cuanto a su sustento político y al que no sería sensato pronosticarle una tramitación rápida. La realidad indica que el proyecto es severamente cuestionado en las mismas filas de la coalición de gobierno, mientras que en el resto de los partidos despierta una cerrada oposición. Hay aspectos -como la creación de un abanico de nuevos organismos (y cargos) dentro de la administración de la enseñanza- que a la vez no parecen llamados a gozar de un respaldo de la opinión pública, hastiada de burocratismos, especialmente si el solapamiento de los ámbitos de actuación puede sumar conflictos y no soluciones. De allí, entonces, que este conflicto sea especialmente preocupante. No tiene un final a la vista y su prolongación puede resultar en un severo gravamen contra las posibilidades formativas de los alumnos de la enseñanza pública, ya comprometidas por tantas otras razones. Resulta entonces de primera importancia encarar en esta materia la construcción de los consensos que permitan darle al proyecto una base de apoyo más amplia, que haga viable su tramitación parlamentaria y ponga fin a la conflictividad que se ha desatado con motivo de su consideración. Según estas columnas lo han lamentado en alguna ocasión previa, fuera del establecimiento de un imprescindible mecanismo de evaluación interna de los resultados de la enseñanza, las disposiciones del proyecto de ley tienen más que ver con el manejo del poder en la administración de la enseñanza que con el efectivo mejoramiento de la calidad del aprendizaje. Es claro que en esta materia existen discrepancias importantes, desde la posición de los gremios, que reclaman corporativamente el control absoluto de los organismos, la posición del Poder Ejecutivo, dispuesto a abrir a los gremios una importante participación, pero no la totalidad del poder y la de buena parte de la oposición, que considera que las decisiones educativas deben ser adoptadas por los representantes de toda la sociedad y no exclusivamente por los de los gremios docentes. El tema es de una gran importancia para el futuro del país. En un mundo en que el conocimiento es la principal materia prima de la prosperidad, los jóvenes uruguayos están quedando relegados. Y resulta un muy magro consuelo el advertir que estamos mejor que algún vecino regional, cuando lo que deberíamos es apuntar a disminuir las enormes distancias que nos separan de los que exhiben los mejores resultados. Que son, precisamente, los estudiantes de algunos de los países que han logrado los mejores niveles de crecimiento económico. Finlandia, Corea del Sur, Suecia, Nueva Zelanda. Países parecidos a Uruguay en cuanto no tienen un inmenso territorio ni grandes yacimientos de petróleo. Pero que han sabido cultivar con éxito la materia gris de sus habitantes. El sueño de un Uruguay próspero pasa necesariamente por el terreno de la educación. Y es triste advertir que lo que hay en estos días a la vista son desacuerdos y conflictos, paros y pérdida de oportunidades. Lo único que cabe es trabajar con mente abierta hacia consensos que permitan edificar un futuro mejor.