Fuerte condena regional a la
“directiva retorno” de Europa

Cambiar tamaño Una fuerte declaración conjunta, así como expresiones aún más enfáticas de los mandatarios en sus contactos con la prensa, señalaron el repudio de la región a la nueva directiva europea sobre emigración. Es algo que corresponde, en la medida en que otros hechos señalan que la incomprensión y falta de sensibilidad sobre la situación de los miles de indocumentados latinoamericanos se instaló hasta en el gobierno español, obvia referencia para todos los países de un área cultural que a juicio de los mismos españoles debiera ser iberoamericana. En un Mercosur en el que hoy son muy escasas las unanimidades, la Unión Europea alcanzó un monolítico repudio a su nueva legislación sobre inmigrantes ilegales. En esa materia no hubo viejas rivalidades, asimetrías condicionantes ni opiniones encontradas. Todos los presidentes, apenas con algún matiz atribuible a las diferencias de estilo, expresaron un rechazo terminante a la recién aprobada "directiva retorno", tanto en sus diálogos con los medios de comunicación como en la declaración final de la cumbre. Así, el documento que recoge las conclusiones del encuentro expresa el rechazo a "cualquier intento de criminalización de la migración irregular y la adopción de políticas migratorias restrictivas". A la vez, la cumbre presidencial coincidió en subrayar "la necesidad de luchar contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y otras formas de la intolerancia", recogiendo en ese sentido las fuertes posiciones que sostuvo el mandatario uruguayo, Tabaré Vázquez, en oportunidad del encuentro. El lenguaje formal de este tipo de declaraciones esta vez no oculta una condena a lo resuelto por la Unión Europea, aunque esta comunidad no sea mencionada en el documento final. Aún más fuertes y directas fueron las declaraciones públicas de los mandatarios participantes. Así, Vázquez expresó su dolor ante la circunstancia de que "no se respeten los derechos humanos de los latinoamericanos que tuvieron que ir a buscar en otras tierras lo que no encuentran en la suya, como hicieron nuestros abuelos europeos en su momento". Luiz Inácio Lula da Silva usó una metáfora para señalar un rechazo paralelo: "El viento frío de la xenofobia sopla otra vez con las falsas respuestas a los desafíos de la economía y de la sociedad". Para Michelle Bachelet, la situación exige que Latinoamérica levante una voz común, mientras Evo Morales calificaba la decisión europea como "la directiva de la vergüenza". Y Hugo Chávez, con su enfático estilo, calificaba la disposición que permite encarcelar por hasta 18 meses a los indocumentados como "indigna, un bochorno, una ignominia". La unanimidad de los gobernantes latinoamericanos, aún más allá del Mercosur, es expresiva. Como lo son los miles de mensajes de correo sobre el tema que en estos días circulan entre los cibernautas de toda la región, también dando cuenta de un rechazo unánime a la "directiva retorno". Pero el fenómeno tiene una contracara, que es el alto grado de incomprensión que sobre el tema han puesto de manifiesto algunos mandatarios europeos y en especial José Luis Rodríguez Zapatero, que como presidente del gobierno español tiene, en buena parte, en sus manos la angustiosa situación de miles de indocumentados uruguayos que eligieron a "la madre patria" como escenario de su búsqueda de un mejor porvenir. Para el gobernante español, "se puede estar de acuerdo o no (con la directiva de retorno), pero lo que no se puede decir es que se criminaliza la inmigración o se atenta contra los derechos humanos". Es una opinión que resulta un tanto inexplicable frente a una norma que posibilita la deportación de menores de edad a países distintos a los de su origen y sin la compañía de sus mayores. O que autoriza el encarcelamiento de un indocumentado por hasta 18 meses. Zapatero, por otra parte, también había atribuido a "demagogia" e "ignorancia supina" las críticas a la nueva directiva -que también arreciaron internamente en España-, algo que no puede sostenerse con un ánimo sereno frente al texto de la directiva. En comentarios que resultaron irritantes para miles de latinoamericanos, dicho gobernante también sostuvo que la disposición sobre los 18 meses de prisión para los indocumentados era "un progreso", en tanto en algunas legislaciones europeas no existían límites para el período en que un indocumentado podía ser retenido por las autoridades. Este conjunto de comentarios, tan diametralmente opuestos a los sentimientos de los latinoamericanos sobre el tema, señala un alto grado de incomprensión y también de olvido de una historia en que miles de españoles -y de europeos de todo origen- encontraron un hogar en el nuevo mundo y fueron recibidos de brazos abiertos. Para los latinoamericanos, que en general eligen a España como destino de su apuesta emigratoria, estas opiniones resultan particularmente dolorosas, quitándole todo sentido al esfuerzo español por revitalizar un espacio iberoamericano. Y decimos incomprensión porque Zapatero es un político fogueado, que tiene en estas latitudes a miles de potenciales votantes, y que por alguna misteriosa razón parece no advertir lo hiriente de sus opiniones públicas y de su respaldo a la directiva, que fue votada por España tanto a través de la ronda ministerial como del Parlamento europeo. En estas columnas, aún reconociendo la utilidad de una declaración política como la del Mercosur, se señalaba ayer que en la perspectiva uruguaya lo más útil para defender a los compatriotas indocumentados era la negociación bilateral con España, invocando el vigente tratado de 1870 y reiterando que el país ya cumplió su parte al recibir con los brazos abiertos a las fuertes corrientes inmigratorias españolas de la primera mitad del siglo XX. Es el modo de evitar que miles de uruguayos puedan resultar víctimas de una disposición que sí es violatoria de los derechos humanos y que atenta contra lo que debiera ser el espíritu de una verdadera comunidad iberoamericana.