Seguridad: la polémica no puede
postergar búsqueda de soluciones

Cambiar tamaño El país enfrenta una situación difícil en materia de seguridad pública, basada en buena medida en la irrupción en la sociedad de la pasta base, droga que no solo destruye al consumidor, sino que lo convierte en una amenaza para la sociedad. Se necesitan urgentes medidas, pero una polémica con connotaciones preelectorales difícilmente resultará en los acuerdos que se requieren para mejorar la legislación y el trabajo de policías y magistrados. Desde estas columnas, se prefiere realizar algunos comentarios y propuestas ajenos -salvo en un aspecto- al chisporroteo del debate. En un ambiente político que hace ya varias semanas condiciona sus actitudes a los desafíos electorales que ya están a la vista, resulta difícil despojar de connotaciones políticas el análisis de temas especialmente sensibles para la opinión pública. Las posiciones discrepantes se exponen con virulencia en uno y otro sentido, se tiende a destacar aspectos accesorios o anecdóticos y así se frustra cualquier aporte positivo en un debate que, en realidad, debería servir de herramienta para abrir el camino a las mejores soluciones en un tema claramente acuciante. El comentario resulta oportuno ante el controversia que han desatado recientes opiniones y actitudes de la ministra del Interior, Daisy Tourné, hoy en el centro del debate político nacional. Discrepancias que son sobre un problema tan sustantivo como el de la seguridad pública, amenazada por un aumento del delito y de la violencia que le acompaña. Desde estas columnas no se considera posible que un análisis sensato del tema pase meramente por un siempre dudoso señalamiento de responsabilidades. Ni menos aún por aspectos que no son más que el ingrediente anecdótico de una polémica mediática, como la afición de la ministra por las revistas a caballo o sus preferencias musicales. Condenables o no, esos gestos no le agregan ni quitan nada a un fenómeno de incremento de la criminalidad. Que viene de lejos y responde a causas más profundas. Son estos verdaderos orígenes los que debieran enfrentarse con el consenso de toda la sociedad y de todo el espectro político, y en armonía entre los distintos poderes del Estado. Ni la descalificación ni el simplismo en la atribución de responsabilidades conseguirá establecer ningún progreso. En ánimo de hacer un aporte, sin tomar partido en ningún sentido -salvo en lo que tiene que ver con la caprichosa atribución a la prensa del establecimiento de una “agenda del miedo”-, parece oportuno señalar que un aspecto muy importante en el aumento de la criminalidad y la violencia tiene que ver con la introducción en el país de la pasta base, temible droga que convierte a sus adictos en criminales ante la desesperación por obtener la siguiente dosis. Este hecho ha multiplicado la criminalidad y no es responsabilidad de ningún gobierno. Lo que sí es cierto es que no ha merecido la atención legislativa que se merece. Muy lejos de una posición tolerante con otras drogas, resulta evidente que no es lo mismo comercializar pasta base que vender marihuana o cocaína. Estas últimas drogas le provocan daños a sus consumidores, pero no promueven la violencia en la sociedad. La pasta base le provoca daños muy graves al consumidor. Y -además- lo convierte en una grave amenaza para la sociedad. No es lo mismo. Ya hace mucho tiempo que la legislación nacional debiera reconocer este hecho, multiplicando las penas a los traficantes que distribuyan pasta base. Y convirtiendo el delito en no excarcelable si se vende esta mortal droga. Tal cosa no ha sucedido, cuando el sentido de la legislación penal es proteger a los bienes jurídicos de una sociedad. Y la pasta base es una agresión más que importante y bien distinta al desafío que plantean las demás drogas. No se trata de defender a un pacífico vicioso que se hace mal a sí mismo. Se trata de defender a la gente. Otra medida que podría tener excelentes resultados es el establecimiento como delito del porte de armas por parte de personas con antecedentes por delitos violentos. Ya no es posible compartir la visión de un delincuente que ha salido de la cárcel sin cuentas con la sociedad y plenamente recuperado. Las evidencias de que no es así son más que claras en los abrumadores índices de reincidencia. Y el deber de la legislación es proteger a la sociedad, no amparar a los delincuentes. Por tal motivo, el establecimiento del delito de porte de armas en el caso de personas con antecedentes puede ser un aporte sustantivo, permitiendo que la Policía pueda pasar revista de armas a las personas con antecedentes, previniendo su uso en nuevos delitos violentos. Si un ex delincuente porta armas, seguramente que es para incurrir en una nueva tropelía que de este modo puede prevenirse. Se trata de dos medidas favorables para las que entendemos que puede haber un amplio consenso político. La otra, obvia pero mucho más difícil en virtud de que en esta materia existen posiciones cristalizadas, es el abatimiento de la edad de inimputabilidad. Si se quiere amparar a la gente, y no a los delincuentes, algunas posiciones señalan que la rebaja de esta edad es una medida que puede contribuir a que en este país la gente vuelva a dormir y a pasear tranquila, y no haya que lamentar hasta la muerte de otros jóvenes a manos de delincuentes juveniles para los que una rapiña violenta puede terminar nada más que en “una anotación” en un legajo. Sin entrar en polémicas que no entendemos fructíferas, sí tenemos que señalar enfáticamente que la prensa uruguaya, en ninguna de sus vertientes, esté haciendo en esta materia algo distinto que lo que hizo durante toda su historia. Incluso, medios que centraban su difusión en la crónica policial -como el desaparecido “El Diario” de la noche-, hoy no existen, y no aparece ningún otro que se base en el sensacionalismo de esa clase. Ni siquiera hay vespertinos, tradicionales cultores de la llamada “crónica roja”. En los demás medios tampoco ha habido cambios, y es temerario decir que la prensa está edificando “una sensación térmica” más alta en relación a este tema. Lo que sí es cierto es que hay posibles caminos para contener la delincuencia. Y deben ser recorridos con amplio consenso.