Referendo boliviano ahonda la
grave división política del país

Cambiar tamaño El próximo domingo, los bolivianos votarán en un inédito referendo “revocatorio” del que depende la permanencia en el cargo del presidente Evo Morales, su vice y nueve gobernadores, seis de los cuales son enconados opositores. La consulta vuelve a dividir tajantemente al pueblo boliviano, mientras sucesivos hechos de violencia -dos muertos y 32 heridos de bala en una protesta minera- y manifestaciones que le impiden al presidente hasta participar en actos oficiales en algunas provincias encrespan el escenario y marcan la severa preocupación de todos los vecinos. Con justificada preocupación se sigue desde toda América Latina la difícil situación de inestabilidad política que vive Bolivia, enfrentada ahora a un referéndum revocatorio que se dirimirá el próximo domingo y abarca al presidente Evo Morales y a varios gobernadores provinciales. El referéndum opone cada vez más claramente a la relegada población autóctona boliviana con los más favorecidos pobladores de tez blanca, generando una situación explosiva para la que no se advierte una salida a corto plazo. Y en la que los términos “oficialismo” y “oposición” han adquirido una muy lamentable connotación étnica. Los grupos indígenas que respaldan al presidente Morales tienen tras de sí una triste historia de postergaciones. Una peripecia secular que ni siquiera empieza con la conquista española, ya que las tribus aymarás llevaban al comenzar la conquista siglos de esclavitud bajo el dominio de los incas. Esa exclusión ancestral también les ha significado un acceso muy limitado a los bienes culturales y a la formación política, algo que ha abierto en la realidad boliviana un amplio espacio a planteos populistas y expresiones reivindicativas que a la vez alimentan un nacionalismo exacerbado. La llegada al poder, a través de Evo Morales, de la postergada reivindicación indígena, agregó nuevos elementos de inestabilidad a una situación anterior cargada de pesadas remezones. La nacionalización de las empresas extranjeras de petróleo y gas natural -que afectó en especial a la poderosa Petrobras- significó problemas internacionales que Morales pudo en alguna medida solucionar. Pero la suerte fue distinta, en lo interno, con la reunión de una asamblea constituyente que votó el proyecto oficialista entre disturbios y en ausencia de la oposición. Ese episodio galvanizó a la oposición, que contraatacó con referendos autonomistas en Santa Cruz de la Sierra y otras tres de las provincias más ricas del país, en todos los cuales se alcanzaron contundentes mayorías favorables, pese a la cerrada oposición del gobierno y hasta el señalamiento de la ilegalidad de estas consultas, calificadas de “secesionistas” por el gobierno. Estas decisiones autonómicas son en definitiva las que están en el origen del actual referendo “revocatorio”, en que tanto Morales como los gobernadores provinciales ponen en juego su permanencia en el cargo. Visto el último resultado electoral, la revocación del mandato de Morales y de su vicepresidente -según una polémica propuesta de la Comisión Nacional Electoral- exigirá un porcentaje de votos igual o superior al 53% que recibió para hacer suya la presidencia. En el caso de los gobernadores, el porcentaje será del 50%. Ese no es, por lo demás, el único tema jurídico cuestionado. Porque el Tribunal Constitucional boliviano, en el que sobrevive un único miembro -una dama que se llama Silvia Salame- ordenó la suspensión del referendo, decisión que no fue acatada por la Comisión Electoral. Pero el principal problema que hoy se le plantea a Evo Morales tiene más que ver con sucesos de violencia de los últimos días, que auguran un difícil desarrollo para la jornada electoral. Hace dos días, Hugo Chávez y Cristina Kirchner no pudieron reunirse con Morales en la sureña ciudad de Tarija debido a las violentas manifestaciones que desató el anuncio de la presencia de los tres mandatarios, formalmente citados para suscribir acuerdos energéticos, pero sin duda también para expresar el apoyo de Argentina y Venezuela al presidente boliviano. El presidente debió también suspender por el mismo motivo actos en Sucre -donde las manifestaciones le impiden entrar desde hace varios meses- y en el bastión opositor de Santa Cruz de la Sierra, donde el miércoles debía inaugurar un campeonato de fútbol callejero y no pudo llegar ante la ocupación del aeropuerto local por una multitud de opositores. Más repercusión aún en el acto electoral puede tener la alarma causada por la muerte por heridas de bala de dos mineros -hubo además 32 heridos- en la represión de una protesta en la comarca de Caihuasi, al sur de La Paz. Los mineros, pertenecientes a la empresa estatal que maneja la mayor explotación estannífera del país, reclamaban un ajuste en el régimen de pensiones, habían cortado carreteras y volado el pilar de un puente. Y fueron desalojados a tiros. El resumen, en fin, es preocupante. Un país tan dividido que su presidente no puede siquiera desarrollar una agenda de actos en varios de las provincias, amenazado por violentas manifestaciones. Una coyuntura en que la oposición política se tiñe de rasgos étnicos y amenaza con eternizar el enfrentamiento. Un país amenazado por la secesión de sus provincias más ricas. Y una situación de inestabilidad que necesariamente frustra los proyectos de futuro, porque es casi impensable que en esta coyuntura Bolivia consiga invertir en la mejor explotación de sus recursos del subsuelo, hoy decisivos para el comercio con los vecinos. No es posible imaginar hoy el restablecimiento de sentimientos nacionales que vuelvan a reunir a todos los bolivianos en un proyecto común. Y solo resta manifestar la esperanza de que esta sufrida nación encuentre de algún modo su camino hacia el progreso.