Alza de precios debe atacarse
sin una fuerte intrusión estatal

Cambiar tamaño Está a la vista el ejemplo argentino: ficciones económicas que se acumulan para intentar una quimérica estabilidad en los precios. Con deterioro del aparato productivo y medidas que resultan en grave daño para sus vecinos de la región. También en esta orilla, y con un criterio mucho más racional, se está intentando combatir una suba que castiga en especial a los de menos recursos. Pero por ese camino no puede descuidarse el equilibrio fiscal, ni intentar torcer las leyes de la economía. La evolución de los precios al consumo, que el mes pasado experimentó un alza superior a la estimada por los analistas, sigue haciendo titilar una luz de advertencia -aún más amarilla que roja- sobre la evolución de la economía nacional. Es claro que el tema preocupa al gobierno por dos motivos. Uno de ellos es el propósito de evitar un eventual empuje inflacionario de importancia, que por sus efectos sobre el bolsillo de quienes viven de ingresos fijos debiera ser objeto de un decisivo combate. El otro gran motivo de alerta es el impacto que los aumentos de precio tienen sobre la capacidad de compra de los hogares desfavorecidos, especialmente castigados por un crecimiento desigual y mayor de los productos con más incidencia en su propia canasta de compras, que son los alimentos. Los dos motivos de preocupación gubernamental están obviamente estrechamente relacionados. Es por eso que no pueden ser atendidos sin buscar prudentes equilibrios, en tanto una intervención muy pronunciada en algún sentido puede tener efectos muy negativos en el otro. Ya en 2007, frente a una situación similar, se optó por buscar alivios que lograron mejorar la evolución del IPC, pero a un costo fiscal importante, por la vía de subsidios como el del boleto y postergaciones -con sacrificio de la tesorería de las empresas públicas- en los ajustes de las tarifas. Posteriormente, y agregando algún motivo más de alerta en el plano fiscal, llegó la Rendición de Cuentas con nuevos aumentos de importancia en el gasto público. Y con aumentos acumulados, porque la fuerte movilización gremial en la enseñanza sumó añadidos no soslayables al gasto previsto. Y el tema está todavía en el Parlamento, con la presión que resulta de que esta es la última oportunidad de aumentar las retribuciones públicas antes del acto electoral de 2009. Bueno sería que en las posteriores instancias de tratamiento de la rendición no se introduzcan nuevos gastos, aún si estos pudieran ser teóricamente financiados con el crecimiento económico que se augura. En estos momentos ni el panorama internacional -con economías que viven el impacto del aumento del petróleo, mientras se confirma el enlentecimiento de la evolución estadounidense- ni la situación regional, amenazada por una Argentina cuyo andamiaje económico se presenta como construido sobre ficciones, permiten ver el futuro con la tranquilidad de hace algunos meses. En el plano de la protección a los hogares más desfavorecidos, hay que reconocer en primer lugar que el aumento internacional de los alimentos, uno de los más fuertes vectores del empuje de los precios, afecta con más intensidad a hogares que destinan a ese rubro prácticamente todos sus ingresos. Desde el gobierno se han intentado distintas medidas, como la concertación con empresarios de precios acotados para algunos productos esenciales en la canasta de provisiones, la exoneración de IVA a carnes blancas y el anuncio de que se autorizará la importación de hortalizas. Cierto es que es que esas medidas han significado algún alivio -carne de ave más competitiva, arroz de grano partido a precio muy accesible, algún corte de carne más cerca de las posibilidades de los hogares humildes-, pero el conjunto de medidas no ha sido obstáculo para que las cifras sobre salario real e ingreso real de los hogares hayan bajado. Sobre el control de precios también aparecen otras iniciativas no tan compartibles. Una de ellas es el establecimiento de un "control social" sobre los comerciantes en cuanto al tema precios y al cumplimiento de cualquier convenio que se establezca en la materia. En este tema, cualquier cosa que vaya más allá de una denuncia telefónica es muy peligrosa. Porque romperle las vidrieras a un comercio jamás hizo bajar los precios de ningún producto, y especialmente en el plano sindical se escuchan algunos planteos demasiado enfáticos. La realidad es que los precios se forman con la oferta y la demanda y con la competencia entre los distintos proveedores. Y a lo largo de la historia ninguno de estos métodos de control ha resultado en otra cosa que en la escasez y el mercado negro. Así como ningún comerciante quiere quedar fuera del mercado por vender más caro que su competencia, nadie quiere producir ni vender por debajo de sus costos o renunciando a márgenes razonables de utilidad. En el ámbito gremial también se habla de "entes testigo", queriendo renovar una experiencia que en el país ha sido muy negativa y simplemente equivalente a un subsidio a una gestión comercial perdidosa. Es otro error en el que no se puede volver a incurrir. En los últimos días, también se ha propuesto el establecimiento de mayores impuestos a algunos consumos que se consideran suntuarios a fin de subsidiar productos de la canasta familiar. Una iniciativa que ya supone una intervención muy fuerte en el juego libre de un mercado y que además de suponer una mayor carga para los consumidores, podría resultar en un mayor peso fiscal para el Estado en la medida en que la recaudación sea menor que el monto del subsidio. Tampoco es posible esperar resultados de un esfuerzo de esta naturaleza. Tenemos muy cerca el ejemplo de Argentina y sus múltiples ficciones. Tarifas que se fijaron políticamente y al cancelar la inversión consiguieron establecer en un país rico en recursos la escasez de gas y las penurias con la electricidad. Detracciones que despojan al campo y afectan indebidamente a todos los socios comerciales y un andamiaje de ficciones que tarde o temprano se derrumbará en un doloroso sinceramiento. El gobierno y la gente ganarán más si se cuida el equilibrio macroeconómico y las condiciones de la competencia. De allí en adelante es mejor dejar que el mercado se ocupe de los precios y el Estado estimule la inversión, combatiendo la pobreza con puestos de trabajo en la actividad privada.