Proyecto bien intencionado que
puede resultar en marcha atrás

Cambiar tamaño Sin siquiera mencionar la posibilidad de que la "viveza criolla" amplíe desmedidamente el número de beneficiarios, el proyecto de ley que considera el Senado y concede hasta 18 días de licencia anual paga a los trabajadores privados que deban rendir un examen estudiantil es francamente negativo para la competitividad de las empresas y puede tener efectos estrictamente inversos a los esperados. Así como una vieja máxima señala que el camino del infierno está empedrado con buenas intenciones, muchas veces los plausibles objetivos del legislador pueden lograr efectos estrictamente contrarios a los esperados. Tal es el caso de un proyecto de ley que estaba ayer incluido en el orden del día del Senado, pero cuya consideración se postergó para la sesión ordinaria del próximo martes. Entre otros beneficios para los trabajadores de la actividad privada, el proyecto bienintencionado establece un régimen especial de licencias para los funcionarios que estudien y deban rendir examen, algo que en principio parece un plausible apoyo a la inquietud de un trabajador que desea mejorar su formación y consagra parte de sus horas libres a ese propósito. No obstante, la concesión que se otorga tiene un impacto tan considerable sobre los costos laborales de las empresas -se agregarían sin más 18 días de licencia paga, un lapso casi igual al de la licencia anual-, que ya puede verse como un hecho la reticencia de las empresas a contratar estudiantes. Y no resulta difícil estimar que la concesión también significará un nueva herida en la ya debilitada salud de la competitividad nacional. Un valor que es necesario salvaguardar con especiales miramientos, en tanto es clave para sostener los niveles de empleo y cimentar el desarrollo de un verdadero país productivo. Esta licencia adicional se hace especialmente pesada para las pequeñas y medianas empresas, tantas de ellas con 10 o menos trabajadores, en las que de modo alguno va a ser soslayable el impacto de tal concesión, especialmente si se cuenta con varios jóvenes en la planilla. En las empresas de gran porte, en las que en general se manejan criterios generales en cuanto a la capacitación del personal, el impacto también puede ser importante, tanto si la nómina de asalariados es generosa en cuanto a la presencia de jóvenes, como si se da el caso de trabajadores estudiantes con especial entrenamiento en alguna de las áreas laborales, hecho que genera particulares dificultades a la hora de encontrar un sustituto temporario. Aún obviando las distorsiones que pueden resultar de la obligación de otorgar estas licencias, resulta que el reflejo que una medida de esta naturaleza tiene en el costo salarial de una empresa es casi el equivalente anual a un mes de salario, algo que no puede pasarse por alto en un análisis de los costos generales ni de los precios de la producción. Y que va a conducir sin más a una actitud de reticencia en cuanto a la contratación de estudiantes, algo contradictorio con otros esfuerzos que ha realizado el Estado en el sentido de lograr un primer empleo para los jóvenes, siempre castigados por el "inútil sin experiencia" de los llamados a aspirantes. Dos temas, entonces, que debieran ser muy cuidadosamente sopesados por los legisladores. Las cámaras empresariales y voceros de ese ámbito ya han señalado muy específicamente la preocupación por la pérdida de competitividad y el aumento del costo salarial que pueden resultar de la aplicación de estos beneficios, según lo adelantaba ayer una nota publicada por Ultimas Noticias. El otro gran tema es la posible retracción empresaria en cuanto a la contratación de jóvenes, algo previsible, explicable y muy negativo: son jóvenes preparados los que se están yendo a buscar nuevos destinos fuera del país. El tema de la competitividad debe estar siempre en la preocupación de los gobernantes, pero particularmente en la presente coyuntura se dan circunstancias económicas que han sido especialmente negativas en esta materia, aspecto en que insisten hoy todos los observadores del ámbito económico. Uruguay ha perdido competitividad con todos sus socios comerciales, está amenazado por las dificultades que imponen las detracciones argentinas y la caída del dólar ha significado un alza muy considerable de los salarios que se pagan en nuestro país si se los convierte a la divisa norteamericana. En consecuencia, si la meta es tener un país productivo y competitivo, medidas como la que se comenta pueden ser muy negativas. Algunos de los promotores del proyecto hablan de equiparar lo que ocurre en la generosa administración pública con las prácticas de la actividad privada. En realidad, la afirmación tiene algún sentido, porque es claro que en Uruguay hay injustificables diferencias entre dos clases de individuos: los que trabajan en el Estado y los que lo hacen en el ámbito privado. Pero la triste realidad es que ninguna empresa privada uruguaya tiene mercados o márgenes de utilidad capaces de sostener algunos privilegios que son usuales en la administración pública. El tema es mucho más profundo con la licencia por estudio y debiera ser objeto de un análisis distinto, que seguramente será polémico y despertaría un levantamiento gremial en defensa de "conquistas" que desde otra perspectiva pueden verse como lisos y llanos privilegios. Por otra parte, sin normativa específica, a veces con disposiciones internas preanunciadas, en toda la actividad privada se buscan soluciones para el estudiante que debe rendir examen. Sin que una ley venga a imponer mal lo que puede lograrse en las empresas mediante un diálogo que también contemple las necesidades del empresario.