Empresas, trabajadores y gobierno
encaran lucha contra informalismo

Cambiar tamaño Es uno de los grandes problemas de la economía uruguaya, de esos que se arrastran desde hace decenios y parecen imposibles de resolver. Porque el informalismo está firmemente enraizado en nuestras costumbres latinas y porque a esta altura buena parte del combate es contra poderosas organizaciones de distribución y evasión. Pero nunca hay que perder las esperanzas: ahora el tema está en manos de una comisión en que trabajadores y empresarios encuentran uno de sus pocos ámbitos de coincidencia. Sus propuestas pueden significar un paso adelante. Un documentado informe de Ultimas Noticias dio cuenta en la antevíspera de una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para poner en marcha un esfuerzo conjunto del gobierno, empresarios y trabajadores para combatir los altos niveles de informalidad que afectan a la economía nacional. Se trata de una muy buena noticia, en tanto las ventas en el circuito informal -y el consiguiente trabajo “en negro”- significan a la vez la fuerte evasión de recursos fiscales y de aportes a la seguridad social, y a la vez hieren con una competencia desleal al comercio y la industria establecidos. En Uruguay, el informalismo tiene un arraigo tradicional, quizá tributario de ferias vecinales creadas para darle a los productores rurales una posibilidad de venta sin intermediarios de frutas y hortalizas. Pero las ferias de hoy, así como otras manifestaciones de la venta ambulante, han sumado a modalidades comerciales de muy difícil contralor artículos de toda naturaleza, en especial los relacionados con la vestimenta. Algunos observadores estiman que un alto porcentaje del comercio de los productos más afectados -hasta se habla de un 40%- se verifica en el circuito informal, lo que representa a la vez grandes pérdidas para el Estado y la persistencia de fuentes de trabajo de mala calidad y sin el amparo de la legislación social. La falta de aportes al Banco de Previsión Social es especialmente dañina para el país, en tanto reduce el número de aportantes en una coyuntura en que la lentitud en el crecimiento demográfico del país resulta en niveles demasiado cercanos entre el número de beneficiaros y contribuyentes del sistema. En el informe publicado en la edición del jueves 14, se indica que del encuentro resultó del “Compromiso Nacional” suscrito en diciembre de 2006 entre el gobierno, cámaras empresarias y trabajadores -estos últimos representados por el Pit-Cnt-, uno de cuyos postulados era la creación de una comisión de Lucha por la formalización e inclusión, integrada por representantes del gobierno (Mtss- DGI- BPS), intendencias, empresarios y Pit-Cnt. En la reunión, según los informes ofrecidos por el subsecretario del Mtss, Jorge Bruni, se plantearon algunas propuestas innovadoras en cuanto a las políticas futuras de combate al informalismo y se repartieron dos documentos de trabajo para su consideración por las entidades participantes, que volverán a reunirse con nuevas propuestas a fines de este mes. Del encuentro participaron, además del subsecretario del Mtss, el director de la DGI, Nelson Hernández; el presidente del BPS, Ernesto Murro; el subsecretario de Industria, Gerardo Gadea; la directora de Desarrollo Ciudadano del Mides, Mariela Mazzotti, y representantes de cámaras empresariales y trabajadores. En la oportunidad, el subsecretario Bruni opinó que el informalismo a enfrentar no era el que llamó de “subsistencia”, sino el de las grandes organizaciones distribuidoras que alimentan al comercio en negro y entregan productos a numerosas bocas de venta, incluso manejadas por sus propios empleados. En la reunión se coincidió en el enfoque de que el gran esfuerzo de fiscalización debía orientarse a estas organizaciones y no -como ocurrió en el pasado- a las bocas de venta. Se entiende que esa modalidad de trabajo será mucho más eficaz y apta para provocar el desmantelamiento o la formalización de comerciantes que cuentan con grandes recursos y que participan del comercio informal nada más que para agenciarse mayores ganancias a través de la evasión fiscal. También se abogó por una simplificación de los trámites para formalizarse, por más que el llamado monotributo haya aportado ya una solución menos engorrosa. Incluso se subrayó que las soluciones para formalizar una empresa en Uruguay suelen ser muy demandantes, mientras que en los países anglosajones resulta especialmente fácil inscribir una empresa y luego se castiga severamente cualquier desviación en la que esta incurra, lo que resulta mucho más apropiado a la hora de hacer un esfuerzo en favor de la formalización de estos sectores grises de la economía. Se trata de un tema que le interesa a todo el país, y quizá uno de los pocos en los que actualmente pueden encontrarse amplias e indiscutidas coincidencias entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Motivo de más para esperar que haya progresos sustantivos, ya sobre las ideas expuestas en la reunión u otras que puedan surgir del análisis de los documentos distribuidos de la iniciativa de los participantes. Si Uruguay logra incorporar a la economía formal al menos parte del comercio informal, las cargas tributarias pueden pasar a ser menores para todos, mientras también se hace un aporte importante a la salud económica del BPS. No se trata de un progreso menor, por lo que cabe saludar con esperanza la creación de este esfuerzo multidisciplinario.