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el pedido de crysol es por los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura
Reclaman a Mujica que el Estado pida perdón
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La Asociación de ex presas y presos políticos Crysol reclama a José Mujica
que el Estado formule públicamente un pedido
de perdón por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Además,
quieren que se reforme
la ley de reparación. |
Crysol. La organización le pide a Mujica que dé un paso que Vázquez no dio. |
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Ante la asunción de un segundo gobierno de izquierda, los ex presos y presas políticos están decididos a reclamarle a José Mujica, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, que reformule la ley de reparación e incluya el “pedido de perdón” que no incluyó el ex presidente Tabaré Vázquez.
Tras su promulgación el año pasado, Crysol manifestó no estar de acuerdo con la ley de reparación que fue aprobada, entre otros motivos, porque no introdujo una “disculpa expresa” del Estado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Incluso formularon sendas protestas tanto a nivel parlamentario como a través de los medios de comunicación. Pero la normativa no se modifico.
“La ley de reparación no es tal”, sostienen los integrantes de Crysol y sobre esa base reclaman al nuevo gobierno una reforma de la Ley 18.596 que sea más abarcativa. Para eso no descartan solicitar entrevistas a los legisladores y al propio presidente José Mujica, a quien piden además que se incorpore al texto de la normativa una disposición por la cual el Estado pida perdón por la violación de los Derechos Humanos.
Si bien dicen tener "esperanza y confianza" en la actitud del segundo gobierno de izquierda frente al tema también anunciaron que, dado que tanto el nuevo Poder Ejecutivo como el Parlamento tienen entre sus integrantes "varios" ex presos y presas políticos "les van a exigir mucho más" y esperan que "se profundice" la política de derechos humanos.
En conferencia de prensa ayer, para anunciar el acto del próximo domingo 14 de marzo con motivo de los 25 años de la liberación de los últimos presos políticos, los representantes de la asociación precisaron que para este año se plantean dos temas centrales: la nulidad de la ley de Caducidad y la reparación integral.
Respecto a la Ley 15.848, Baldemar Tarocco, presidente de Crysol, recordó que "ya hay laudado un caso por la Suprema Corte de Justicia", así como "la postura contraria a la ley de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y el apartado sobre el tema que incluyó el relator de la ONU Manfred Nowak, en su visita a Uruguay el año pasado. "Es inadmisible".
Tarocco sostuvo asimismo que en relación al tema de la tortura en el país "no se ha juzgado a nadie hasta el momento" y que la ley de reparación integral "tiene un montón de carencias": no respeta la resolución 60/147 de Naciones Unidas que fija los principios básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparaciones, "no allana el camino de la Justicia para conocer la verdad", no indemniza a las víctimas directas del terrorismo de Estado, ni fija lugares "emblemáticos de memoria" como el Calem (Centro de Altos Estudios Estratégicos Militares), donde funcionó el Servicio de Información de Defensa.
Reparan a 10 niños nacidos en cautiverio
La comisión especial que instaló el Poder Ejecutivo para la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado resolvió el pasado miércoles 24 de febrero conceder la reparación prevista en la Ley 18.596 a 10 niños -hoy adultos- nacidos en cautiverio y/o que estuvieron más de 180 días en prisión con sus padres.
En la primera categoría se incluyen ocho de los casos, mientras en la segunda categoría hay dos casos comprendidos. Los beneficiados son siete mujeres y tres hombres, que acreditaron ante la comisión que nacieron en el Hospital Militar y que las madres, que están vivas, fueron presas políticas durante la dictadura.
De esos jóvenes, seis residen en Montevideo, dos en el interior del país y otros dos tienen su residencia en el extranjero.
Ahora, de cara al análisis de nuevos casos en los que se solicita la reparación, el gobierno deberá designar nuevos integrantes de la comisión, que hasta la pasada administración estaba presidida por el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Carlos Liscano (puede ser sustituido por María Simón), Daniel Olesker por el Ministerio de Salud Pública (trascendió que lo sucederá una psiquiatra) y Marcos Álvarez por el Ministerio de Economía y Finanzas (continuará en la comisión).
Como titular en representación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos continuará la Dra. Gianella Bardazano y por Crysol lo hará Gastón Grisoni.
La recomendación de la ONU
Crysol incluye en su declaración las recomendaciones del relator de la ONU contra la tortura, Mafred Nowak,en su visita a Urguay en marzo de 2009. Una de éstas no ha tenido amplia repercusión y los ex presos y presas políticos la entienden como "cabal": "enmendar el Código Penal a fin de incluir la definición de la tortura como delito independiente". Reclaman además que "se dé la orden jerárquica de informar sobre el paradero de las personas detenidas- desaparecidas o fallecidas durante su detención, dentro y fuera de fronteras", que "se investiguen todas las denuncias y los recursos de amparo presentados antes, durante y después de la dictadura". |
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