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La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú comenzó a analizar anoche el acuerdo firmado por los gobiernos de Uruguay y Argentina. En un clima de insatisfacción, indicaron que estudiarán más medidas de lucha y algunos no descartan
volver a la ruta. |
Piqueteros. Estudiarán nuevas medidas de lucha. |
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“Un ingreso de doce veces al año a la planta de UPM (ex Botnia) no alcanza para nada. Los científicos van a entrar cuando el gerente los invite y eso no brinda ninguna seguridad. Es ridículo, una barbaridad política", dijo a Ultimas Noticias uno de los coordinadores de la Asamblea, Roberto Marchesini.
El hecho de no contar con un plazo determinado para hacer pública la información también fue cuestionado y se anunció que habrá "nuevas protestas", aunque no está claro si eso significará volver a la ruta. Ayer mismo, horas antes de la firma del acuerdo entre los presidentes José Mujica y Cristina Fernández, el juez Gustavo Pimentel notificó a los diez piqueteros demandados por el gobierno argentino como "cabecillas" del movimiento.
Con ese panorama, Marchesini estimó que es "improbable" que se vuelva a un corte de ruta por tres años, pero no descartó que haya "medidas puntuales y protestas. Eso es un derecho de los ciudadanos que ningún gobierno puede negar".
Por su parte Ana Acosta, una de las demandadas por el gobierno, negó que el planteo judicial incida en la resolución que adopte la asamblea y también expresó su desconfianza. En ese sentido, apuntó que "no se puede confiar en gobiernos que no han hecho nada por su gente. ¿Entrarán a la planta o nos harán un verso? ¿Cómo hacemos para creerles? Es una incógnita".
José Pouler, que pese a ser una de las caras más visibles de la Asamblea de Gualeguaychú no fue incluido en la demanda, dijo a Radio Diez de Argentina que el convenio bilateral es "lamentable. Si trabajaron tanto para este triste acuerdo, es lamentable".
El abogado Luis Leissa, quien encabeza el equipo legal de la Asamblea, advirtió que "este tema recién empieza. Compartimos la voluntad de controlar, pero hicimos una propuesta realizada por técnicos e ingenieros químicos y veíamos que el tema del seguimiento de descarga al aire, descarga de chimeneas en la planta de celulosa, seguimiento de afluentes exigía un control más periódico y acá se habla de tiempos más espaciados".
Si bien el ingreso a la planta de UPM era el principal reclamo de la Asamblea luego de años de pedir el desmantelamiento de la empresa, prima la idea de que un control mensual no es suficiente. Algunos pretenden que los científicos puedan entrar cada quince días y otros esperan contar con un banco de datos diario, que permita cubrir todas las variables. Todavía hay quienes esperan que UPM sea desmantelada "cuando se demuestre que contamina", como afirmó en más de una ocasión Jorge Fritzler, quien hoy también integra la lista de demandados.
En el campamento de Arroyo Verde la realidad es que los vehículos cruzan en forma masiva y se limitan a bajar la ventanilla para tomar los volantes que reparte un puñado de ambientalistas, que se turnan para cuidar el lugar.
Diez demandas y una marcha
Jorge Fritzler, Sira Muñoz, Osvaldo Fernández, Juan Ferrari, Ana María Acosta, Paola Robles, Cristina y Víctor Limba, Alejandro Crimella y José Gómez recibieron ayer la notificación del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, por el juicio del gobierno argentino en su contra. Los delitos van desde homicidio culposo hasta sedición y la semana próxima tendrán que presentarse en el Juzgado para informarse de la causa.
La Asamblea de Gualeguaychú no está dispuesta a abandonar la lucha para evitar la demanda y hoy cientos de piqueteros se concentrarán en Buenos Aires frente a la Embajada de Finlandia para expresar su repudio a UPM.
El abogado Luis Leissa dijo ayer a Radio del Plata de Argentina que la situación legal genera "un clima de exacerbación" y acusó al gobierno Kirchner de "ponerse un día el estandarte de la lucha ambiental y al otro mandarnos una denuncia penal".
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