Canessa citará a bengoa y a salvo

Casinos: jueza investiga
irregularidades aduaneras

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La jueza penal Fanny Canessa inició una investigación en torno a presuntas irregularidades aduaneras en tragamonedas contratados por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y citará a declarar al ex director comunal Juan Carlos Bengoa y al director de Aduanas, Luis Salvo.


El peritaje contable que determinó que la IMM contrató slots en "tránsito" derivará en una nueva línea de investigación en la causa judicial, ya que la magistrada decidió el viernes iniciar un nuevo presumario para indagar esos hechos concretos, dijeron fuentes judiciales a Ultimas Noticias.

La decisión de la jueza tuvo lugar luego de que el miércoles pasado, el edil colorado César García presentara una ampliación de denuncia solicitando la conformación de una investigación independiente de la causa principal para determinar un eventual caso de contrabando que se sumaría a las irregularidades ya constatadas por la Justicia. Por este motivo, García pidió a la jueza las citaciones del ex director de los casinos de la IMM, Juan Carlos Bengoa y del director de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) Luis Salvo.

De esta forma, la magistrada Canessa y la fiscal Olga Carballo podrán investigar esta situación irregular vinculada con las importaciones de los slots.

Las peritas contables del Instituto Técnico Forense, Paula Barbagelata y Élida Pardo, concluyeron que un "importante número" de los tragamonedas contratados por la IMM se encontraban en régimen de "tránsito", es decir, sin culminar los trámites aduaneros para su importación. Si bien las especialistas no pudieron determinar exactamente cuántas máquinas se encuentran en esa situación, indicaron que en su gran mayoría las empresas involucradas son Florintol SA, Raft SA y Vallasey SA.

Según la pericia, la firma destinataria de los slots en "tránsito" era Assembling Accesories SA, cuyos titulares, desde junio de 2001 fueron Jorge Bosoer y Enrique Amestoy, quienes otorgaron un poder general a Miguel Kan y Ángel Porteiro, ambos vinculados a otras empresas que también fueron investigadas en el expediente original.